El documento sobre narcotráfico producido en el marco de la Cumbre de Diálogo Social (Procuraduría General de la Nación, 2020) arroja luces adicionales sobre el poco mencionado control social total ejercido por la actividad ilegal en muchas zonas de Colombia. Durante décadas este problema ha sido impulsado no solo por el consumo desbordado de Europa, Asia y EE. UU., sino localmente por la permisividad de muchas autoridades nacionales y locales, falta de justicia y de presencia estatal en zonas productoras, fuente de financiamiento de guerrillas y paramilitares, cerrando un círculo de violencia. A nivel productivo existe un campesino victimizado, poniendo el cultivo como causa del problema, cuando la realidad es que la mayor parte de la producción viene de cultivos industriales que alimentan toda una cadena delictiva que involucra retenes ilegales, muleros, raspachines, transportadores y comerciantes. En el centro de esta industria están los carteles que requieren suministros de bienes y servicios, y que finalmente terminan amarrando al campesino. Más que su problema, es un gran entramado criminal que mezcla cocaína, marihuana, trapiches ilegales, minería criminal, lavado de dinero, contrabando, extorsión y tráfico de armas.
Estos carteles generan una cadena altamente sofisticada, con financiadores de la actividad en una especie de aparcerías, invirtiendo en control social. La participación en muchos casos es obligatoria, como también lo es para las autoridades locales que son “capturadas” o amenazadas. La actividad impone “su propia ley” que compite con el sistema legal establecido y la comunidad queda sin garantías para el goce efectivo de sus derechos constitucionales. Esta pirámide criminal tiene en la cúpula carteles mexicanos, venezolanos como el de los Soles y colombianos como el Clan del Golfo, los Caparros, el Eln y las disidencias de las Farc. Todos en una permanente disputa por el control territorial, generan “equilibrios inestables” entre actores, que implican niveles de coordinación y acuerdos de división territorial, en los cuales los líderes sociales se vuelven actores indeseables que terminan eliminados con homicidios “ ejemplarizantes” .
La consecuencia no es solo la destrucción de comunidades —muchas de ellas con costumbres ancestrales como las indígenas y negras, que se ven divididas entre los que quieren conservar y hacer respetar su sentido de comunidad y los que optan por el narcotráfico, disolviendo su tejido social—, sino que además se recrudece la violencia sexual, el reclutamiento de menores de edad, la deserción escolar y los desplazamientos forzados. Estos grupos, algunos disfrazados de guerrilleros, han degradado u olvidado cualquier ideal para volverse narcotraficantes, y el Estado en la mayoría de los casos llega simplistamente al territorio con “veneno y bala”. A pesar de que los principales aliados para eliminar los cultivos de coca son el campesino, el indígena y el afro, hay intereses de diversos lados que con algunas “asociaciones” asumen vocerías que impiden soluciones y terminan favoreciendo el negocio. Las ZONAS FUTURO —planteadas por el Gobierno— son definitivamente una solución, siempre y cuando sean implementadas en todo el territorio con completitud y concurrencia.
