El juego es transformación territorial

El actual Gobierno Nacional, con su mínima ejecución y apetito burocrático, ha desnudado un problema histórico que consiste en un Estado central gigante burocratizado actuando para sus propios intereses y a espaldas de las regiones, desamparadas, tomadas algunas hoy por actores ilegales y sin soluciones por más paros cívicos, mesas de concertación y bloqueos que realicen. Colombia cuenta con una gran diversidad geográfica, étnica, cultural que, como mínimo, exige un manejo diferencial a nivel de territorio, si no microterritorial. Qué hacer en San Andrés es diferente al Catatumbo, Norte del Cauca o en la Mesa de los Santos.

La gente en el territorio EXIGE soluciones, pero un Estado centralizado en Bogotá se queda corto para manejar esas singularidades, y como esa inacción lejos de resolver agrava los problemas regionales, terminamos con inocuos CONPES, mesas de concertación, decretos, promesas, más instituciones y de soluciones nada. Una parte sustancial de la culpa la tiene el diseño y funcionamiento del Estado. Una estructura totalmente jerarquizada, ministerios independientes que poco se coordinan entre sí, agencias cuyos directivos obedecen más a quienes los nombran que a los ministerios de los que dependen, directivos que, posesionados en la mañana, son “expertos” en la tarde, imponiendo agendas mayoritariamente propias pero que nada tienen que ver con las verdaderas prioridades, más presupuestos anuales que no viabilizan el largo plazo. Esta inoperante estructura se mueve dentro de una “hípernormatividad” que frena el desarrollo. Ante esta ausencia estatal y falta de su autoridad, son los actores ilegales y criminales quienes terminan ejerciéndolas de facto. Ellos se apropian del territorio, esclavizan y/o desplazan la población y la extorsionan para defender a sangre y fuego sus rentas criminales. La verdadera paz la logramos cuando las transformaciones sociales, productivas, ambientales, de seguridad y justicia permitan recuperar los territorios.

Debemos impulsar en cada microrregión nodos de desarrollo, sean agropecuarios, mineros, industriales, energéticos, forestales, pesqueros, turísticos. Cada microterritorio debe definir cuál será su desarrollo social productivo. Esto NO implica una reforma constitucional: basta la voluntad política para una reformulación institucional, un Estado central pequeño que ponga reglas, incentivos, asigne recursos y el soporte de seguridad, justicia, educación, salud y otros bienes públicos necesarios pero articulados con cada micro región. Establecer CONTRATOS AUTÓNOMOS DE DESARROLLO REGIONAL que, con actores gubernamentales, sociales, productivos privados y con unas reglas del juego básicas, permitan definir las agendas de desarrollo social y productivo, los bienes públicos requeridos para el desarrollo, llámese vías secundarias o terciarias, conectividad, formación para el trabajo, planes presupuestales multianuales, mecanismos de coordinación que trasciendan en el tiempo. Paralelamente, el Gobierno Nacional definiría los compromisos de cofinanciación, apoyo institucional, facilitando que los microterritorios que son como cometas puedan volar. Apoyemos realmente a la gente que grita que la dejen trabajar.