El oligopolio de la violencia captura el poder

Petro es consciente de su mal gobierno, inmensa corrupción y fracaso de su gestión, pero necesita atornillar su proyecto político en el PODER. Para ello, más que gobernar y ejecutar, se centra en urdir una estrategia cuyos pilares son: arrasar con la oposición, habilitar situaciones que deriven en estados de excepción, y por qué no, repetir la cadena de eventos que llevaron a la Constitución del 91. Esta estrategia pasa por culpar a la ultraderecha, los neoliberales, esclavistas empresarios, los medios de comunicación, los periodistas, etc., desviando la atención de los verdaderos problemas con sus lechonas cuánticas, escándalos y discursos odiosos para invalidar al otro, capturando medios públicos y redes en bodegas, usando Consejos de ministros sin derecho a réplica, tratando de quedarse con el Canal Uno, etc.

Un elemento importante es el ataque frontal a los poderes independientes, descalificando al Consejo de Estado, a la Corte Constitucional, al Congreso y a la Registraduría. Pero lo más preocupante —y poco o nada investigado, convenientemente, por la fiscal general— es el “Cartel de la Picota”. Recordemos que el hermano de Petro manifestó que estos carteles les pusieron más de un millón de votos. Hoy estas estructuras criminales controlan cerca de 400 municipios y tienen presencia en más de 800. ¿Puede la oposición hacer campaña en esas zonas y sus habitantes tener voto libre? En el gobierno Petro, las rentas de narcotráfico y minería ilegal se han multiplicado por la mínima intervención del Estado, sumado a que el presidente no frena las extradiciones de condenados pero los nombra “gestores de paz”, los lleva a tarimas, hace turismo en Manta y ahora les regala un proyecto de ley de sometimiento que blanquea sus capitales y produce de facto una excarcelación masiva, oficializando en la práctica el OLIGOPOLIO de las armas y, de paso, otorga carta blanca a guardias indígenas, campesinas, cimarronas y estructuras criminales, mientras que los civiles no podemos defendernos armados por cuenta de Santos (D. 155/2016).

Recordemos que en el 90, un hecho político como la séptima papeleta, bajo estado de sitio, derivó en que Barco (D. 927/1990) oficializara la consulta popular en las elecciones de mayo del 90 y que Gaviria expidiera el D. 1926 al amparo del estado de sitio también, convocando a un “plebiscito constitucional”. ¿Insistirá Petro hoy en un proceso popular constituyente? ¿O en un decretazo vía medidas de excepción? En ambos escenarios en virtud de que estructuras multicrimen ejercen control territorial, detonan carros bomba, realizan ataques, asesinan a políticos, militares y policías que secuestran masivamente, creándose una cadena de hechos que derivará en una ruptura institucional, para poder declarar el estado de excepción probablemente en diciembre, para que los 270 días en que puede regir, coincidan de manera conveniente con marzo, cuando anunciará que NO se pueden realizar las elecciones. Esto sumado a una octava papeleta para hacer aprobar su constituyente atornilladora, usando las noticias de que el ELN volvería a la mesa partiendo de lo pactado (cambio de modelo económico y político, etc.) para facilitar la continuidad de su ideología y la paz. ¿Cuál paz?