El efectivo en muchas partes del mundo se está volviendo cosa del pasado y el COVID-19 ha impulsado su disminución, como pasa en Suecia y otros países europeos o como en China, donde en ciertas zonas el efectivo está prácticamente eliminado. De forma paralela la creciente competencia de las fintech está haciendo que los bancos tradicionales cierren oficinas, lo que aumenta la necesidad de corresponsales bancarios y pagos digitales. En muchos países los pagos de bajo valor, como cancelar el uso de un parqueadero, un baño público, compras en mercados de pulgas o un transporte, se hacen con un celular y un código QR. Para un tendero o un panadero, que les paguen digitalmente les disminuye el alto riesgo del manejo de efectivo. Estos pagos son más simples, eficientes, seguros, le permiten al usuario llevar un control cercano de sus gastos y además son más higiénicos. También tienen riesgos, especialmente de ciberseguridad, operacionales y políticos, entre otros.
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Las Naciones Unidas han promovido la Better Than Cash Allianc, apoyada por el G20 como una iniciativa que ayuda a lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Adicionalmente cada vez más en el mundo se encuentran sistemas de pago diferentes a Visa y Master Card, tradicionales, tales como Alipay, Facebook, Amazon, PayPal y otros, lo que aumenta la competencia. Pero su masificación requiere de una serie de condiciones que no se dan en muchas partes de nuestro territorio nacional. Es indispensable, además de una buena conectividad, habilitar mejores sistemas biométricos que permitan que, ante el robo del celular, no terminen vaciando la cuenta bancaria del usuario, entre otras consecuencias. Pero las grandes barreras son autoimpuestas. Una de ellas es el cobro del 4 x 1.000, que la comisión de expertos tributarios recomendó eliminar por antitécnico, y en nuestro caso su efecto es totalmente contrario ya que impulsa el uso de efectivo.
En un país donde las economías ilegales mueven billones de dólares, donde el lavado de dinero y el contrabando son actividades que se mueven con efectivo, el Estado, antes que propiciar las transacciones con dinero en efectivo, debería eliminarlas. NO se entiende cómo una compra de propiedad raíz o de un vehículo se acepta cuando es pagada con efectivo. La única forma en que el Estado debería permitir estas transacciones es si se acredita como una condición indispensable que el comprador hubiera pagado mediante transferencia bancaria. La ilegalidad asociada a las economías subterráneas debe ser asfixiada y una de las herramientas es que todas estas transacciones sean realizadas por el sistema financiero. A pesar de los avances en inclusión financiera, los costos de débito son inexplicablemente altos, máxime si el costo asociado es básicamente el de una comunicación electrónica que debita y acredita un pago. Es necesario realizar reformas normativas que claramente favorezcan la OPCIÓN de pago digital, para esto habrá que eliminar el 4 x 1.000 al menos de las transacciones de bajo valor y que prohíban el efectivo en operaciones de propiedad raíz o vehículos. Y que normativamente quede muy clara la separación entre el pago y los datos asociados, porque el uso de esta data puede tener muchos propósitos en algunos casos no convenientes.
