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El pasado 2/09/2023, en esta misma columna, señalé como el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, con un grupo de casi 300 personas de policía judicial, analizando más de 13 millones de archivos y 15.000 entrevistas, encontraron buena parte del gigante patrimonio de las FARC estimado en más de 5 billones de dólares de la época, proveniente sobre todo de la máquina criminal de narcotráfico y secuestro extorsivo a población civil, y no de secuestros políticos como ha querido distorsionarlo las FARC. Mostraba cómo periódicamente un notario les escrituraba bienes despojados a campesinos y ganaderos.
Se estableció en el Acuerdo de Paz que las FARC deberían aportar, como mínimo, verdad y el dinero para la reparación. La verdad, entre otras, esperaba: coordenadas de campamentos de secuestrados y fosas comunes, la estructura financiera que les lavaba el capital y quiénes eran los testaferros, pero NADA de esto pasó.
La verdad también esperaba el listado de guerrilleros desmovilizados, pero no con más de 300 narcos pedidos en extradición, casi todos testaferros que posteriormente fueron expulsados, inclusión que configuró un engaño a la justicia colombiana y americana. Hoy tenemos más de 10 millones de víctimas, con un monto requerido para reparar estimado en $303,9 billones; para esta cifra, las FARC han contribuido con cerca de 45.000 millones, ¡es una burla! Lo nuevo es que la cifra anterior estaba subestimada porque, con mínima ayuda de la JEP, los abogados de víctimas han encontrado más de tres billones de pesos adicionales, representados en más de 700 bienes de alto valor, en cabeza de más de 150 testaferros, algunos combinados FARC y narcos.
En noviembre pasado FEVCOL, la única organización que realmente representa victimas ante la JEP, presentó incidente de incumplimiento con más de 32.000 folios. De esto se activaron 12 capturas de testaferros, solo la punta del iceberg. Mirando su trazabilidad, una parte sustancial están en cabeza de testaferros que son condenados en primera y segunda instancia, pero en casación prescriben los casos, los bienes salen de extinción de dominio y los recuperan. ¿Cuántos de estos estuvieron a cargo de miembros del cartel de la toga?
De todo lo anterior surgen varias conclusiones. La primera, las FARC ya deberían estar expulsadas de la JEP por mentir, ocultar y no haber contribuido suficientemente a la verdad en estos ocho años, y por su burla a la reparación de las víctimas. ¿Ocurrirá la expulsión y la reparación como debe ser? Segundo, al pasar toda la información de los bienes de las FARC a la JEP, las omisiones de la JEP frente a estos dineros generan de facto el lavado a cargo del Estado de una mega fortuna criminal. Tercero, la SAE debería pasar a depender de la rama judicial, para que los activos que confisquen y liquiden de las FARC sirvan para reparar víctimas y el resto para fortalecer la rama judicial. Y la otra preocupante conclusión, es que los hechos anteriores van demostrando el sesgo pro-FARC de una justicia JEP que, hasta el momento, solo ha garantizado la impunidad del secretariado de las FARC, condenados militares, y facilitado por omisión el lavado de la fortuna FARC. Esto refuerza el foco de mi próxima columna: NO MÁS IMPUNIDAD.
