La seguridad es un bien público esencial para la vida, un derecho fundamental, un tema complejo que requiere una articulación de medidas que trascienden de lo militar. Ella tiene su origen en la ley y en la justicia, y dada la situación de nuestro país, requerimos cambios en medidas judiciales que la impulsen, así como en el sistema carcelario para que efectivamente saque criminales de la calle; es necesario capturar las rentas criminales y facilitar su rápida liquidación para destinar dichos recursos al fortalecimiento de la justicia y a contribuir con las transformaciones productivas reales y legales en territorio hoy centrados en la coca y extracción ilícita de minerales.
Con la ayuda de expertos en el tema, militares retirados y exmagistrados, se están estructurando propuestas concretas sobre el tema. De fondo se busca recobrar el control territorial en un proceso continuo de reconstrucción de capacidades institucionales, en desarrollar la metodología para capturar las rentas criminales que son el incentivo de las economías ilegales, reconocer que estamos frente a estructuras multi crimen transnacional y algunas actúan como terroristas.
El conflicto armado persiste, pero mutaron las estructuras y los métodos criminales en el conflicto, en el cual el narcotráfico y el tráfico local son habilitadores de control territorial. Estos grupos capturan masivos recursos económicos que les permiten armamentos y tecnologías de punta, recurren a lavado de activos con mínimo control y ejercen una gobernanza criminal en el territorio. En su actuar, instrumentalizan a la población en una moderna esclavitud, y se ensañan en la población indígena y afro, aprovechándose de los derechos étnicos mal entendidos. Paralelamente, el Gobierno de Petro ha emprendido una radical DECONSTRUCCIÓN de la fuerza pública, disminuyendo el presupuesto, sacando centenares de oficiales de alto rango y mermando los efectivos.
La reconstrucción de la seguridad requiere una política de Estado que formule un concepto estratégico integral de largo plazo, independiente de beneficios políticos, apoyada en un renovado marco legal. Recuperar las capacidades de inteligencia, operacionales y de investigación criminal, así como la UNP, hoy capturada por el M-19 al servicio del Gobierno y afectando la seguridad de la oposición. Un foco tendrá que ser desvertebrar y desmovilizar las estructuras criminales con manejos diferenciados de acuerdo con el actuar. Se necesita desmantelar las redes de tráfico local que habilitan el control territorial como el eslabón base de estas estructuras. Precisamos agilizar y simplificar los mecanismos express para liquidar activos de origen criminal.
Una seguridad mal entendida ha generado narrativas politizadas que desconocen el DIH, con el fin de que en nuestro conflicto armado no intervenga la fuerza pública. Tendremos que trabajar con la ciudadanía, impulsando frentes de colaboración, redes de informantes, cultura de la legalidad. El anterior esbozo rápido habrá que complementarlo con un desarrollo territorial centrado en impulsar NODOS PRODUCTIVOS que brinden alternativas reales a la población para generar clase media. Finalmente, y de forma rápida, instalar bienes públicos y una institucionalidad básica en todo el territorio.
