¿Expulsar a las ex-FARC del Acuerdo de Paz?

Acabamos de cumplir siete años, casi la mitad de los 15 contemplados para la implementación del Acuerdo con las FARC, y tenemos un balance agridulce. Por un lado, para el Pacto Histórico, el Estado colombiano estaba destrozando la paz, pero el Kroc Institute for Peace de la Universidad de Notre Dame, encargado de su seguimiento, muestra un avance para noviembre de 2022 de 31 % de iniciativas completadas y 20 % en estado intermedio. No es para celebrar, pero muestra avances del Estado colombiano. Es una penosa situación que evidencia la acción del Estado, pero no por el Gobierno Petro. Frente al objetivo anunciado con bombos y platillos de comprar 1,5 millones de hectáreas de tierra, solo han negociado un exiguo 4 %. Además, en julio de 2022 se destapó un caso de corrupción en los contratos de OCAD Paz, sin olvidar que los avances en PDET fueron realizados casi todos en el gobierno Duque. En resumen, esta responsabilidad que hoy lidera la activista Gloria Cuartas, vocera del grito contra el Estado por su falta de acción, muestra un balance vergonzoso.

Por el lado de las extintas FARC, fuera de una desmovilización parcial (ver el Estado Mayor Central de las FARC) y después de un conflicto que tiene más de nueve millones de víctimas y más de 450.000 muertos, aparte de entronizarlos como “honorables congresistas”, tienen la obligación frente a las víctimas de respetar el derecho de estas a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición; en cuanto a la verdad, aducen que si el Estado con toda la información que reúne no la tiene, por qué ellos la deben brindar. El peso de la carga de la verdad y la prueba ha caído totalmente en el Estado sin la contribución de los victimarios, como era su compromiso. Se hacen talleres territoriales con 218 víctimas, otros con 800 y hasta con 3.000, pero no responden, como tampoco lo hacen a los cuestionarios individuales. Olímpicamente alegan que como fueron a la Comisión de la Verdad, entonces ya dijeron su verdad. En resumen, hasta hoy no hay verdad plena.

Frente a la justicia hay muy poco, fuera de que las ex-FARC y la JEP señalan que casi la totalidad de la culpa es institucional, y con un empaquetamiento en macrocasos niegan la responsabilidad individual que muy diligentemente se les aplica a los militares. En reparación, el tema es una burla. Pese a que la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez encontrara en 2016 que el patrimonio de las FARC era de más de $10 billones, solo han reparado a las víctimas con algo más de $45.000 millones. Esto, además de despropósito, ha servido para el muy conveniente lavado de dinero ilícito. En cuanto a la no repetición, una tercera parte de las ex-FARC repitió y volvió a las armas. En resumen, los victimarios que formaban parte del comando mayor central no han dicho la verdad, no han reparado, no ha habido justicia efectiva y una tercera parte retornó al conflicto; entonces no garantizaron la no repetición, lo que permite concluir que abiertamente han incumplido el Acuerdo de Paz y, por tanto, deben ser expulsados del sistema y ser remitidos a la justicia ordinaria para su juzgamiento. Pero es claro que con una JEP a su servicio y el Gobierno de las múltiples oportunidades esto no va a pasar, porque este capítulo de la justicia es fundamentalmente político; si no, ¿cómo se explica la situación de los militares?