Graves inequidades judiciales

Soy admirador de la justicia, apoyo su independencia y la necesidad de fortalecerla como pilar de nuestra democracia. Pero como “amor no quita conocimiento”, si queremos salir de la oscuridad que nos dejó más de 60 años de conflicto guerrillero y paramilitar, necesitamos una justicia que opere y que no sea instrumentalizada por la política. En una coincidencia casi cronométrica con épocas electorales, a Álvaro Uribe y a su familia, unos pocos actores judiciales con sus pronunciamientos que dejan profundas dudas, les han causado un daño irreparable. En el caso de Santiago Uribe, la sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 28 años y tres meses en prisión intramuros por concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. El fallo se sostiene en buena parte porque la Corte calificó la conducta del concierto para delinquir como un crimen de lesa humanidad (que no prescriben), categoría que ni el Legislador Colombiano ni el Estatuto de Roma le han atribuido jamás. Pero el pronunciamiento no fue unánime, los salvamentos de voto discreparon porque el concierto para delinquir no puede ser considerado en sí mismo como crimen de lesa humanidad (lista restrictiva), además que ya había prescrito. Vale la pena destacar los testimonios de Juan Carlos Meneses, condenado confeso por homicidio, a quien se le dio credibilidad a pesar de que el juez de primera instancia encontró más de 30 inconsistencias graves, incluida la afirmación de haber conocido a Santiago Uribe, en fecha que se comprobó se encontraba en Manizales. Alexander Amaya reconoció ante el juez no tener conocimiento directo sobre Santiago Uribe ni sobre conductas atribuibles. Y a Eunicio Pineda, a quien se le permitió declarar y se le dio credibilidad, pese a sus antecedentes psiquiátricos y a que su propia esposa lo contradijo en aspectos centrales de las declaraciones. No estamos frente a una condena “más allá de toda duda razonable”, sino frente a una interpretación forzada para que el proceso no muriera por vencimiento de términos y tres testigos cuestionados. En resumen, se condenó a Santiago Uribe sin ninguna prueba directa, documental o material que lo vinculara con el crimen en hechos que supuestamente pasaron hace cerca de 35 años, pero a 14 días para prescribir.

En la otra orilla tenemos a la JEP, que juzgó al antiguo secretariado de las FARC y a su comandante Timochenko, quienes diseñaron, permitieron y retuvieron a más de 21.000 personas como secuestrados, documentándose además asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles, violencia sexual, desplazamientos y condiciones infrahumanas, conductas constitutivas de delitos de lesa humanidad. Adicionalmente fueron responsables del reclutamiento de más de 18.677 menores, muchos abusados por las FARC-EP. Por todo lo anterior y más, solo se les condenó a ocho años de “trabajos restaurativos” y restricción de movilidad. En uso de esa “restricción de movilidad”, Timochenko estuvo de visita en España. La JEP ha actuado sesgada en contra de los militares y a favor de la guerrilla, no solo limpiando sus crímenes, sino que vía omisiones les ayuda a lavar su inmensa fortuna. Son por los anteriores desequilibrios que muchos colombianos rechazamos y proclamamos que justicia sí, pero no así.

*Transparencia: estoy relacionado con Álvaro Uribe Vélez.