Hacia un país de propietarios

Uno de los temas en los que más más ha avanzado este Gobierno, aunque de forma callada, es en el de la implementación de la política de catastro multipropósito y la posterior habilitación de titulación masiva de predios, que permitirá a Colombia pasar de ser un país de “ocupantes”, fácilmente manipulados y expulsados del territorio por la narcoguerrilla y los narcoparamilitares, a ser un país de “propietarios”, como debe ser. El catastro permite conocer la realidad económica y social del territorio, registrando los predios y también sus afectaciones.

El concepto de “multipropósito” brinda la concepción integrada del territorio, que a modo de sándwich tiene capas: una parcelaria, que registra predios, vías, ríos etc., y otra no parcelaria, que registra los derechos (D), restricciones (R) y responsabilidades (R) que tiene cada una de las capas (DRR). Una función puede ser definir territorios protegidos como parques nacionales, y otra registrar subsuelo, títulos mineros, servicios públicos, vías, riesgos y aspectos fiscales, etc. Estas capas tienen jerarquías: un páramo está por encima de un título minero; por lo tanto, en un páramo los DRR excluyen la actividad minera.

El gobierno anterior entregó menos del 3 % del territorio con el catastro actualizado y cerca del 30 % sin formar, con una desactualización promedio de 16,4 años. Además, el 50 % de la información de catastro NO coincidía con el registro, no se registraba la informalidad y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) estaba politizado, con un mínimo rendimiento técnico y un altísimo costo, pues tenía cerca de 300.000 expedientes pendientes. Para arreglar el desastre con la ayuda de cooperación suiza y de países como EE. UU., Holanda, UK, Alemania, Canadá, Suecia, entre otros, se implementó un cambio total. Lo primero fue acordar entre todos los actores el camino a seguir, plasmándolo en un “Memorando de entendimiento”. Se definió que tenía que ser completo (todo el territorio), actualizado, confiable, integrado con registro y totalmente digital e interoperable. Se modificó la gestión catastral. Para esto el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955/19) estableció el catastro como servicio público. Es obligación de los alcaldes implementarlo y la Procuraduría tiene que hacer este seguimiento. Se expidieron dos Conpes, los decretos reglamentarios del catastro multipropósito, la articulación cartográfica y el concepto del aporte del catastro al ordenamiento ambiental. Se gestionaron recursos del Banco Mundial y el Banco Interamicano de Desarrollo, mas ayuda de cooperación de Reino Unido, USAID, Cooperación Económica y Desarrollo (SECO), Cooperación alemana (GIZ), Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD), créditos Findeter, cofinanciación de la Corporación Autónoma Regional (CAR) y habilitación de regalías, entre otros, permitiendo que cada municipio, asociación de municipios y departamentos, así como la Agencia Nacional de Tierras y el IGAC, fueran actores públicos EN COMPETENCIA.

A la fecha se tienen 31 gestores catastrales que cubren 261 municipios. Al final de 2021 se calcula que el 52,7 % del territorio tendrá financiado el catastro y más de la mitad por medio de cooperantes. Al final de 2022 el Gobierno estima tener levantado el 51 % del territorio y financiado el 60 %. Esto ha permitido, además, que este Gobierno haya entregado títulos a más de 48.000 familias rurales, sin contar lo urbano. Esta política pública, complementada con el gran avance en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), empieza a configurar un gran cambio en el capítulo de tierras y territorio de la Colombia profunda, como debe ser.