Uno de los temas en los que más más ha avanzado este Gobierno, aunque de forma callada, es en el de la implementación de la política de catastro multipropósito y la posterior habilitación de titulación masiva de predios, que permitirá a Colombia pasar de ser un país de “ocupantes”, fácilmente manipulados y expulsados del territorio por la narcoguerrilla y los narcoparamilitares, a ser un país de “propietarios”, como debe ser. El catastro permite conocer la realidad económica y social del territorio, registrando los predios y también sus afectaciones.
El concepto de “multipropósito” brinda la concepción integrada del territorio, que a modo de sándwich tiene capas: una parcelaria, que registra predios, vías, ríos etc., y otra no parcelaria, que registra los derechos (D), restricciones (R) y responsabilidades (R) que tiene cada una de las capas (DRR). Una función puede ser definir territorios protegidos como parques nacionales, y otra registrar subsuelo, títulos mineros, servicios públicos, vías, riesgos y aspectos fiscales, etc. Estas capas tienen jerarquías: un páramo está por encima de un título minero; por lo tanto, en un páramo los DRR excluyen la actividad minera.
El gobierno anterior entregó menos del 3 % del territorio con el catastro actualizado y cerca del 30 % sin formar, con una desactualización promedio de 16,4 años. Además, el 50 % de la información de catastro NO coincidía con el registro, no se registraba la informalidad y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) estaba politizado, con un mínimo rendimiento técnico y un altísimo costo, pues tenía cerca de 300.000 expedientes pendientes. Para arreglar el desastre con la ayuda de cooperación suiza y de países como EE. UU., Holanda, UK, Alemania, Canadá, Suecia, entre otros, se implementó un cambio total. Lo primero fue acordar entre todos los actores el camino a seguir, plasmándolo en un “Memorando de entendimiento”. Se definió que tenía que ser completo (todo el territorio), actualizado, confiable, integrado con registro y totalmente digital e interoperable. Se modificó la gestión catastral. Para esto el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955/19) estableció el catastro como servicio público. Es obligación de los alcaldes implementarlo y la Procuraduría tiene que hacer este seguimiento. Se expidieron dos Conpes, los decretos reglamentarios del catastro multipropósito, la articulación cartográfica y el concepto del aporte del catastro al ordenamiento ambiental. Se gestionaron recursos del Banco Mundial y el Banco Interamicano de Desarrollo, mas ayuda de cooperación de Reino Unido, USAID, Cooperación Económica y Desarrollo (SECO), Cooperación alemana (GIZ), Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD), créditos Findeter, cofinanciación de la Corporación Autónoma Regional (CAR) y habilitación de regalías, entre otros, permitiendo que cada municipio, asociación de municipios y departamentos, así como la Agencia Nacional de Tierras y el IGAC, fueran actores públicos EN COMPETENCIA.
A la fecha se tienen 31 gestores catastrales que cubren 261 municipios. Al final de 2021 se calcula que el 52,7 % del territorio tendrá financiado el catastro y más de la mitad por medio de cooperantes. Al final de 2022 el Gobierno estima tener levantado el 51 % del territorio y financiado el 60 %. Esto ha permitido, además, que este Gobierno haya entregado títulos a más de 48.000 familias rurales, sin contar lo urbano. Esta política pública, complementada con el gran avance en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), empieza a configurar un gran cambio en el capítulo de tierras y territorio de la Colombia profunda, como debe ser.
