Con falsas narrativas y dilemas como “minería o agua”, desconociendo que esta actividad usa una décima parte del consumo de agua que el sector agrícola, se ha pretendido frenar hasta casi prohibir la minería en Colombia.
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Es claro que el desarrollo debe tener como pilares los sectores industrial, agropecuario y turístico, etc., pero bloquear la minería es un gran error. Canadá, Australia, Noruega y Chile complementan su desarrollo con una minería de clase mundial. Ella está en el centro de la producción de alimentos con fosfatos, urea, dolomitas, etc., y es central para la construcción de vivienda con calizas, arcillas, cuarzos y feldespatos.
Cuando hablamos de la necesaria transición energética pasamos de largo que para hacerla posible se requieren aumentos sustanciales de producción mundial de litio, cobalto, aluminio, cobre, zinc, níquel, grafito, entre otros, y que en muchos casos significa multiplicar la producción mundial dos, tres o cinco veces. Es allí donde Colombia tiene una gran oportunidad.
Así como debemos combatir la extracción ilícita, tenemos que impulsar una minería lícita de clase mundial. Paralelo a las ayudas a la actividad ancestral y la necesaria formalización del pequeño minero, se requiere impulsar una regulación moderna, de alta calidad, sumada a estándares aplicados, vigilados por terceros y transparentes, tal como lo hacen Canadá, Australia y Noruega, con compromisos públicos, manejo de agua y biodiversidad, cierre de minas, relaves, etc. Una minería de clase mundial que afiance la implementación del protocolo de cambio climático y las medidas de adaptación acordes con las necesidades del territorio, que tenga mediciones anuales reales de su huella de carbono.
Con un entendimiento claro del impacto socioambiental se puede generar un programa más agresivo de compensaciones. Para ilustrar el punto, pensemos que, dependiendo del tipo de minería, las compensaciones irían entre cinco a diez veces su impacto medido. Una tercera parte de dicha compensación debe invertirse en la zona donde opera, en programas anuales que potencien los impactos positivos para minimizar los negativos y, de forma paralela, para que comunidad y actividad minera se desarrollen en el mismo tiempo. Dos terceras partes deben ser invertidas y, ojo al cambio, como negocio en actividades de reforestación comercial y con especies nativas que puedan compensar la deforestación. Es hacer de un problema una oportunidad.
Colombia definiría, a manera de ilustración, unos diez NODOS DE DESARROLLO o clústeres forestales, regiones amplias para fomentar la inversión permitiendo que sectores minero-energéticos puedan invertir de forma concurrente y desarrollar una gran industria de reforestación comercial. Esto generará una masiva cantidad de empleo, divisas, captura de carbono y sobre todo un gana-gana, donde los hoy cerca de $15 billones que produce la minería para el Estado se complementarán con lo producido por la reforestación.
La alternativa, entonces, no es seguir acuñando narrativas falsas y amañadas ideológicamente, para que la única actividad minera sea la ilegal, como pasó en Venezuela con su arco minero, hoy controlado por actores ilegales y cleptócratas estatales.
