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En Colombia comienza a debatirse si la educación debe ser un derecho fundamental y si frente a la educación superior debemos reformar la vieja Ley 30/92 o hacemos una nueva ley de cara al futuro (ver “Educación para el futuro”, El Espectador, 23/07/23). Frente al primer tema y buscando avances sociales, la educación inicial, básica y media debe ser un derecho fundamental, aplicado progresivamente y con foco en cobertura, calidad, pertinencia y equidad. Pero para la educación superior (posmedia), al revisar las obligaciones derivadas del proyecto de reforma a la Ley 30 más los principios que lo orientan —como universalidad, equidad, interculturalidad, etc.—, involucrados en un derecho tutelable, así sea progresivo, se vuelve inmanejable como derecho fundamental. En las IES, especialmente estatales, hay que arreglar profundos desequilibrios como el financiero, fruto de desbalances históricos que no se arreglan cambiando los índices de precios. En el sistema estatal en distribución per cápita, las universidades Nacional, de Antioquia y del Valle reciben el 40 % de los recursos públicos con solo el 14,5 % de los estudiantes, mientras que un grupo de 55 entidades de educación superior con el 70 % de los estudiantes recibe solo el 35 % de los recursos. Podrán argumentar que las primeras tienen fuertes recursos para investigación, pero aun así es totalmente injusto con las regiones. Estas inequidades las agravó el Decreto 1279/2002, que permite pagar a investigadores salarios exorbitantes hasta de $100 millones al mes incluidas prestaciones, comparables con CEO de grandes multinacionales (ver “No más dinero para las universidades estatales con el Decreto 1279”, Francisco Piedrahíta, La Silla Vacía).
Sin discutir el valor de la investigación, pero preguntándonos por su pertinencia frente al desarrollo y considerando el proyecto de reforma de la Ley 30 que baja requisitos para universidades, la realidad es que algunos programas de doctorado de baja calidad y revistas de indexación cuestionables generan obligaciones para el Estado con sueldos exorbitantes que rompen la equidad educativa, son impagables y derivan en el incentivo perverso de una obligación actuarial a perpetuidad que, además de inequitativo y de carecer de orientación social, termina precarizando la educación. En consecuencia, para extender el sistema mixto público-privado, el nuevo modelo debe partir del principio de financiación basada en resultados, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad financiera, calidad y pertinencia. La autonomía universitaria no se puede entender como la incapacidad de rendir cuentas, ya que los recursos que maneja son públicos. Hoy la información de las universidades estatales es opaca, por decir lo menos.
Para tener un parámetro hacia el cual migrar, debemos desarrollar una unidad de pago por capitación educativa para población Sisbén, de implementación gradual, por ejemplo, de siete años, que en un marco de eficiencia y calidad permita corregir desigualdades territoriales. También necesitamos tener paralelamente una bolsa independiente para investigación articulada con Minciencias. Cualquier sistema propuesto debe garantizar mecanismos de financiación y recursos para las universidades tanto públicas como privadas, incluyendo el fortalecimiento del Icetex, y financiación para educación de pregrado y posgrado, privilegiando la calidad y la pertinencia.
