En la presentación central de la última asamblea del CEC (ANDI), Bruce Mac Master hizo énfasis en que la informalidad es nuestro GRAN ELEFANTE EN LA SALA. Difícil no estar de acuerdo: más del 60 % de la población productiva de Colombia está en dicha situación que es profundamente regresiva, excluyente e injusta, pero reversarla radicalmente exige aceptar conversaciones difíciles y soluciones audaces.
Lo primero es aceptar que tenemos una larga historia de medidas normativas asfixiantes con fuerte acento centralista, una visión cargada a hiperregular un sector moderno, más unos pocos sindicatos que representan una fracción de la masa laboral, con privilegios poco extensibles a la gran masa productiva. Esta regulación fue construyendo un muro entre la formalidad y la informalidad de espaldas a su impacto.
Si aceptamos que la igualdad es la desigualdad entre desiguales, es claro que la solución de un negocio informal en el Chocó, en la comuna 13 de Medellín no puede ser igual que la de Ecopetrol, o una gran empresa manufacturera, o de servicios en Bogotá. Esto nos lleva a un primer concepto y es la PROGRESIVIDAD, como en su momento lo propuso Fedesarrollo. En esta línea deberíamos englobar las cotizaciones de seguridad social y parafiscales en un pago único, y fijar un porcentaje menor para los negocios pequeños, creciente con su progreso, y que el Estado con planilla única realice la dispersión entre salud, pensión y riesgos laborales, etc., de acuerdo con la indicación de cada empleado para quitarle esta carga al negocio.
En impuestos, cada cuatro meses una Mipyme paga el IVA por un ingreso que muchas veces aún no ha recibido en virtud de los plazos de su cartera, ya que en negocios que venden a plazos, tributan lo que no ha recibido afectando el capital de trabajo. Generalmente los emprendimientos terminan cuando, ante tanta regulación no pensada para pequeños negocios, interviene una DIAN. Por supuesto que hay que pagar impuestos, pero la gran carga normativa no se compadece con las posibilidades de un negocio incipiente.
La tributación simple, entre otras, es clave. Una pequeña empresa con RUT, ¿qué tipo de registro mercantil debería tener? ¿A qué costo? ¿Cada año? Debemos tener un salario mínimo diferencial campo/ciudad o por regiones; no es lo mismo Pacífico que Bogotá con sus estructuras y desarrollo diferente. No pueden meterse en la misma canasta empleados y trabajadores informales a la par con los grandes sindicatos. Urge una legislación laboral que tenga en cuenta la diferencia, algún tipo de estratificación.
La formación de capital humano debe privilegiar no solo la formación técnica y tecnológica sino el aprender haciendo. Un pequeño negocio a su costo entrena un trabajador por un año, pero si renuncia o toca despedirlo se pierde lo invertido en formación, y si contrata un aprendiz con menor productividad vale lo mismo. El SENA debe enfatizar sus programas con formación en el manejo de micro y pequeñas empresas en un esquema por módulos, semipresencial y pagándole al microempresario aprendiz dado que, si asiste a la formación, no devenga. Un gran acuerdo nacional necesita afrontar “el elefante” para que ser “formal” constituya un beneficio y no esta pesadilla.
