Ahora que la muy competente ministra de Educación está planteando la educación como derecho fundamental, su materialización dependerá de que el financiamiento sea repartido de forma eficiente y que su distribución y uso sean equitativos. Estos recursos públicos deben ser administrados con eficiencia, responsabilidad y transparencia para que contribuyan a la calidad, pertinencia y relevancia, con procedimientos que permitan la rendición de cuentas y combatir la corrupción, especialmente en las IES públicas, donde hay inequidades escandalosas que no han salido a la luz pública por la opacidad en la rendición de cuentas.
Algunos puntos que deben quedar en la reforma, especialmente en la educación superior, son los siguientes: primero, no confundir la autonomía con la omisión de rendir cuentas claras por el uso de dineros públicos, siendo necesario implementar el sistema único de cuentas, contabilidad NIFF y en todos los casos emitir factura electrónica, hoy todas obligaciones de ley no cumplidas. Estas entidades deben tener fondos separados para docencia, extensión y proyección social, investigación e inversiones en infraestructura. Es inaceptable manejar bolsas únicas. En la búsqueda de la equidad y para tener un parámetro nacional de costos eficientes, es necesario tener una unidad de pago por capitación educativa para población Sisbén IV, similar al usado en salud pero para las IES. Habrá que segmentar las IES en franjas de costos de acuerdo con su complejidad, realidad regional, áreas de conocimiento y niveles de formación, facilitando la comparación de costos y eficiencia de gasto e inversión.
En Colombia la educación superior es mixta, es impartida por entidades públicas, privadas o mixtas, y cualquier reforma que pretenda beneficiar a la población de estudiantes debe partir de esta realidad para dar oportunidades equilibradas en ambos sistemas. Siendo necesario implementar los bonos educativos para educación Sisbén IV, masificar la incipiente financiación contingente al ingreso y abrir a muchos más sistemas de financiamiento educativo. La educación debería privilegiar la decisión libre e informada de estudiantes, especialmente para poblaciones de bajos ingresos, con bonos aplicables a instituciones públicas o privadas que permitan la movilidad. La gratuidad de la educación puede implementarse en instituciones públicas, pero no en las privadas, ya que no reciben presupuesto de la nación y quedarían en grave desequilibrio que puede terminar con estas. Se debe revisar si es conveniente la gratuidad para población de altos ingresos, pues no tiene presentación. Las IES deberán tener órganos que anualmente evalúen de forma previa, concurrente y posterior el gasto y los ingresos en función de la calidad del aprendizaje y las metas logradas, su transparencia y eficiencia, evaluando costo por alumno. Esto requiere un sistema de control del financiamiento, siendo necesario crear una superintendencia de educación. Además, se deben corregir las distorsiones que crea el Decreto 1279, que vuelve la investigación depredadora de cuestionable calidad y pertinencia en una obligación actuarial, aumentando sueldos a perpetuidad con salarios mensuales superiores a los $80 millones. Está bien la educación como derecho fundamental, pero corrigiendo las grandes inequidades.
