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En audiencia del 14 de febrero de 2019, Timochenko afirmó que la JEP era su criatura, que fue estructurada en un diálogo con Enrique Santos y que no pagaría ni un día de cárcel porque no era delincuente, solo hacía política con armas. Por esto el diseño de la JEP nació como una justicia SIMBÓLICA que ha derivado hasta ahora en impunidad.
Todo sistema sancionatorio debe tener claridad sobre la conducta típica, la proporcionalidad al daño, el nivel de culpabilidad y participación del responsable, y la reparación integral e individual de las víctimas, pero esto NO ha ocurrido en la JEP por el diseño que le dieron los victimarios. Los acuerdos ocultos incluyeron diluir la responsabilidad, fragmentar la verdad, impedir la reparación individual, despreciar a las víctimas al empaquetar los hechos en conductas generales (macrocasos), invisibilizar casos y víctimas particulares, y asignar culpas colectivas sin responsables visibles, quedando una CULPA INSTITUCIONAL.
Se impone un colectivismo contrario al artículo 229 de la Constitución, que garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. Mientras a los militares les hacen imputaciones individuales y exhaustivas, en las FARC solo hay responsabilidades colectivas. La desaparición forzada no se investiga y se deja como eventual y conexa a las graves privaciones de la libertad, un empaquetamiento ilegal, inconstitucional y contrario a las convenciones.
El diseño no garantiza la separación entre la investigación y el juicio, ambos son asumidos por el mismo magistrado ponente sin un tercero imparcial y objetivo que impulse los procesos en defensa de las víctimas, ya que la Fiscalía de la JEP está subordinada a las órdenes del magistrado ponente, coartando su capacidad de investigación, restándole imparcialidad y neutralidad.
Hay regresividad en la verdad, pues Timochenko y el Secretariado se han negado a contestar los cuestionarios, haciendo que la carga de la prueba caiga en el Estado y contrariando el procedimiento que les exige aportar proactivamente a la verdad. La JEP ha sido muy diligente individualizando a militares y encontrando a víctimas del Estado, pero no otorga garantías para esclarecer la mayoría de los crímenes de desaparición cometidos por las FARC, ya que no han adelantado nada para facilitar los medios logísticos, de seguridad y económicos para encontrar a estas víctimas. ¿Por qué?
¿Dónde está la información de los que participaron en el lavado de activos, entrega de armamento, beneficio político de secuestros, entre otros? ¿Dónde están todos los bienes de origen criminal?
En la JEP las víctimas son revictimizadas al exigirles que vuelvan a acreditarse, ya que no les tienen en cuenta la acreditación ante la justicia ordinaria, la Unidad de Víctimas y el Ministerio Público. Mientras tanto, los victimarios y sus expedientes son trasladados de manera automática a la JEP, creando un embudo que afecta los derechos de participación y acceso a la justicia de las víctimas. Las penas propuestas son simbólicas pues no ocasionan reflexión ni resarcimiento ante la sociedad y son propuestas por los victimarios de espaldas a las víctimas, obligándolas a renunciar a la reparación individual. Una paz total requiere de justicia transicional, pero no con este diseño que lava crímenes de lesa humanidad y dinero ilícito, y los premia con el Congreso.
