En narcotráfico, Colombia ya había demostrado que podía contener y reducir la coca cuando sostuvo presión estatal y control territorial. En el 2001 teníamos 166.000 ha y luego, con el Plan Colombia (fumigación aérea, erradicación forzada, presión militar y recuperación territorial), bajamos a 81.000 en el 2008, y llegamos a 48.000 en el 2013, una reducción de más del 70 %, año de quiebre. Pero en ese mismo año, las FARC exigieron en la Habana suspender la aspersión aérea con glifosato, que fue aceptada por Santos.
En mayo de 2015, el Consejo Nacional de Estupefacientes prohibió la aspersión aérea, y en paralelo se redujo la capacidad operativa: los grupos de erradicación pasaron de 100 a 23 en el 2018. Santos implementó el programa PNIS (Programa Nacional Integral de sustitución de cultivos de uso Ilícito), que generó un incentivo perverso pues muchos campesinos sembraron coca anticipando beneficios futuros cuando la erradicaran. El resultado es elocuente: 2018 con 208.000 ha, es decir, 160.000 más que en 2013. La sustitución voluntaria tampoco revirtió la tendencia. Al PNIS se inscribieron 99.000 familias, pero, según la Contraloría, menos del 15 % logró una transición productiva sostenible.
El gobierno Duque recibió un mar de coca y logró contener la expansión en el 2021 aproximadamente a 204.000, pero con la fragmentación de las FARC y la ocupación territorial por disidencias, ELN y Clan del Golfo, todos entraron a dominar el negocio. A más coca, más rentas y más control social armado, configurando esquemas piramidales con carteles mexicanos, redes venezolanas (Cartel de los Soles) y estructuras colombianas (Clan del Golfo, ELN y disidencias) que imponen participación obligatoria, capturan autoridades y sustituyen al Estado, asociando ese control a asesinatos de líderes, reclutamiento de menores, violencia sexual y desplazamientos.
Es claro que sin golpear el dinero y el lavado no hay salida: transacciones masivas en efectivo, compras de bienes sin trazabilidad y debilidad de la UIAF ayudan a impulsar las rentas criminales. Recordemos que en 2017 la Fiscalía halló bienes de las FARC por 15.000 millones de pesos, información entregada a la JEP, quien no ha exigido esas rentas generando de facto un lavado.
Con Petro la lectura pasa de la inacción a la expansión récord. UNODC reporta 230.000 hectáreas (2022) y 253.000 (2023); para 2023–2024 se citan estimaciones entre 280.000 y más de 300.000, y una producción potencial en 2022 de 1.738 toneladas (récord). Con Petro la erradicación cayó de 130.000 ha en el 2020 a 20.000–25.000 en el 2023, la fumigación aérea sigue en 0 desde 2015 y no hay mecanismo alternativo de impacto equivalente. En el “eslabón violento”, las estructuras expandieron control territorial y crecieron en influencia; algunos actores fueron reconocidos como gestores de paz como mecanismo para evitar su extradición, sin desmantelar economías ilegales, y no hay evidencia pública de debilitamiento estructural.
El cierre útil para Washington se apoya en indicadores: máximo histórico de área sembrada, récord de producción y mínimos de erradicación; por eso el INCSR 2023–2024 concluye que la reducción de la presión coincide con el aumento de cultivos. El gobierno Petro maneja entonces un discurso que no se compadece con la realidad.
