En su libro Las dos caras de la paz, el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez (NHM) explica cómo la Fiscalía, una vez firmado el tratado de paz, creó un grupo de 300 personas de policía judicial que analizaron por un año 13 millones de archivos y 15.000 entrevistas, entre otros, encontrando buena parte del gigantesco patrimonio de las FARC. Ellas llevaban una detallada contabilidad en su programa “Compañero Contabilín”. La investigación mostró una estructura vertical, jerarquizada, dedicada a la minería ilegal, secuestros, narcotráfico, etc., más rentabilizar inversiones de inmuebles con testaferros, ganados, autos, entre otros. El patrimonio estimado por la Fiscalía era de aproximadamente 10 billones del 2016, alrededor de 5 billones de dólares de la época. Por secuestros, 3,6 billones; por narcotráfico, 7,7 billones, y acumularon 548 predios urbanos y 5.228 rurales.
Un secuestrado narra cómo periódicamente llegaba un notario a escriturarles bienes despojados a campesinos y ganaderos. Baldíos por 2.1 millones de hectáreas, cerca de 890.000 reses, 232 activos en el exterior, más centenares de canecas georreferenciadas, con dólares, pesos y oro. En el primer texto del acuerdo inexplicablemente el tema de la riqueza de las FARC fue omitido, y finalmente incluyeron uno general comprometiéndose a contribuir con la reparación integral de las víctimas sobre los hechos que identifique la JEP. Este compromiso etéreo abrió el camino para que la Fiscalía de NHM empezara la investigación. En septiembre de 2016, Álvaro Leyva se acercó al fiscal NHM con el argumento de que los activos de las FARC, que en sus palabras constituían una multimillonaria cifra en pesos y dólares, no eran de naturaleza ilícita, sino producto de economía de guerra. La idea de Leyva era entregar los activos a un fondo fiduciario, con representación mayoritaria de las FARC, que pondría el presidente fiduciario y a tres miembros por dos del Estado. Esta megaoperación de lavado contemplaba que el 30 % de los recursos serían para reparación a las víctimas y el resto a disposición de la guerrilla. Dicha figura, que convertiría activos ilícitos en derechos fiduciarios lícitos, no fue aceptada por el fiscal, quien en un acto público entregó 17 volúmenes con el detalle de los hallazgos criminales a la Comisión de la Verdad, que no tuvo en cuenta esta información. En sus propias palabras, porque está centrada en casos emblemáticos y crímenes puntuales, y no investiga delitos de activos, testaferratos y redes criminales.
En resumen, ni el Estado colombiano, ni la Fiscalía ni la JEP están a la caza de estos recursos que son de las víctimas, favoreciendo por omisión al mayor lavado histórico de bienes de origen criminal. Mientras tanto, los millones de víctimas deben ser reparados con el poco dinero de los impuestos de los colombianos. La JEP, al no investigar esas riquezas está favoreciendo que sigan en manos de ellos. Todo lo anterior centra el debate en que más que posiciones políticas diversas o carencias sociales, el meollo del cuento de los ex-FARC son las gigantescas rentas criminales que hay de por medio, y mientras el Estado no las incaute seguirá el incentivo principal para delinquir, en muchos casos disimulado con el velo ideológico.
