En las próximas elecciones probablemente el debate será entre unos candidatos que idealizan sistemas totalitarios sin libertades, bajo bonitos nombres como progresismo, humanismo, etc., a pesar de su nefasto balance en Cuba, Venezuela, Argentina o Nicaragua. Pero el verdadero debate, el de fondo, deberá ser además sobre cómo promover mucho más la libertad económica en un marco de inclusión, equidad y sostenibilidad.
Está demostrado que los países con mayores niveles de libertad económica tienen mayor grado de crecimiento y desarrollo y menor pobreza. Según el índice de libertad económica (ILE) del Fraser Institute de Canadá, que en Colombia es promovido por el Instituto de Ciencia Política (ICP), los países menos libres son al menos 10 veces más pobres que los más libres. El índice compara 161 países, analizando 42 políticas gubernamentales con base en datos objetivos. Colombia, cuyo PIB en PPP ocupa el puesto 31 en las economías mundiales, califica en el puesto 92 en libertad económica. NO somos un país suficientemente libre y los factores que generan pobreza impidiendo crear oportunidades para que todos prosperen son la falta de seguridad jurídica, física y económica, las fallas de nuestro sistema legal, la mala regulación laboral y la impunidad, sumadas a una economía que continúa sin abrirse bien al mundo y a que ocupamos el sexto lugar mundial donde las empresas pagan más impuestos.
El ILE determina que las personas son económicamente libres cuando el entorno normativo e institucional garantiza la seguridad y el Estado se abstiene de intervenir en la economía. En Colombia, con más de 100.000 decretos, resoluciones y directivas en los últimos 20 años, es claro que la intervención es exagerada y nociva, sacrificando la libertad y obstaculizando el emprendimiento, la innovación y la función empresarial.
La libertad requiere que el Gobierno cumpla de manera efectiva con dos de sus principales funciones: garantizar la seguridad y una justicia imparcial y oportuna. El Estado falla cuando es incapaz de protegernos de quienes nos violentan, tal como se evidencia ante el incremento en la inseguridad y la impunidad. El sistema legal y los derechos de propiedad en Colombia, a la luz del ILE, no brindan protección a los bienes adquiridos de forma legal, además de una baja confianza en la justicia y parálisis en las decisiones económicas. Esto se ve agravado por el activismo judicial, que permite a ciertos sectores impulsar agendas políticas. Qué inmenso daño le hace a nuestro desarrollo una Rama Judicial que rompe el equilibrio de poderes coadministrando por la vía judicial, con altos niveles corrupción, politización y una mala administración.
Otro lunar es el libre comercio. Ocupamos el puesto 109 debido al desorden arancelario, regulaciones y barreras al comercio, mercados ilegales, el lavado de dinero y los controles a la movilidad. El comercio internacional, que ha traído inmensos beneficios a la humanidad, se ve restringido ante las medidas proteccionistas y un pseudocapitalismo clientelista que beneficia a los sectores que ejercen mayor presión. En resumen, estamos lejos de ser un país económicamente libre y este asunto debe ser parte del verdadero debate.
