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Las asimetrías de la JEP en el tratamiento de militares vs. ex-FARC, tanto en los casos de víctimas de falsos positivos como de asesinatos, secuestro, reclutamiento infantil y desplazamiento cometidos por ex FARC, evidencian un sesgo inaceptable a favor de las FARC, minimizando a sus víctimas y en contra de las FF. MM. Si la Ley Estatutaria de la JEP es única, ¿por qué los magistrados dan un tratamiento tan sesgado? Veamos: el juzgamiento de los militares se trata con total severidad adversarial. A ellos les exigen hasta el último detalle y si no avanzan pierden beneficios, el juicio baja hasta el soldado, pasando por suboficiales y mandos medios, mientras que para las FARC se centran principalmente en la última cúpula del secretariado. La base guerrillera ha sido casi toda indultada, sin sanciones ni imputaciones, mientras los soldados están en las cárceles pagando largas condenas a menos de que para rebajar su pena, en muchos casos, confiesen “algo que no cometieron”. A las FARC se les acepta simplemente que reconozcan el nombre del delito y pueden argumentar que olvidaron o que no estuvieron en los hechos.
Las FARC, además de ir al Congreso, financiación de su partido, burlarse de reparar las víctimas entregando menos del 1 % de toda su renta criminal, su defensa es realizada y pagada por la JEP. El secretariado FARC protesta airadamente cuando llaman a mandos medios a declarar por temor a que delaten con nombre propio los delitos de lesa humanidad que cometieron. Insisten en que les declaren una “responsabilidad colectiva” sin detalles y que cierren todo. El macrocaso 03 de falsos positivos tiene todos los recursos y herramientas, mientras que la búsqueda de víctimas de las FARC es mínima y en muchos casos para disminuir su estadística criminal los presentan como “autor indeterminado”. Cuando a la JEP se la confronta con la veracidad de los 6.402 falsos positivos, dice que la cifra no es lo importante; pero los centenares de miles de muertos asesinados por las FARC, los miles de niños abusados y reclutados, o de secuestros, esas cifras no hacen carrera, envolviendo el actuar con la responsabilidad de los “insurgentes”. Y ni hablar del sesgo en contra de las víctimas de las FARC, que son actores de tercera, mientras que las organizaciones que las representan no tienen ningún apoyo logístico y de recursos; la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas muestra resultados exiguos a pesar de su abultado presupuesto, porque realmente no les interesa mostrar las fosas de las FARC.
Las víctimas de las FARC también sufren el sesgo de la JEP al ser revictimizadas pues, a pesar de haber declarado todo ante la justicia ordinaria, frente a la JEP tienen que aportar de nuevo pruebas sumarias y sufrir un largo proceso para que se la acepte pero sin beneficios, porque la reparación no es individual.
Con excepción de los falsos positivos y algo de reclutamiento y violaciones de niños, después de ocho años, varios billones de pesos invertidos y más de 130 magistrados, los resultados de la JEP son mínimos frente a los crímenes de la guerrilla. Por lo anterior y mucho más, el Gobierno y sus seguidores insisten en una ley de punto final que, como tribunal de cierre, borre todo. ¿Será posible pasar la página del conflicto con semejantes asimetrías?
