La pandemia ha evidenciado las inmensas carencias de importantes sectores sociales. Se ha vuelto un imperativo moral expandir los mecanismos de protección social que tiene implementados el Estado, tal como lo viene proponiendo el Gobierno. Pero esta expansión tiene unos costos adicionales y permanentes que hay que financiar, no solo con un replanteamiento tributario equilibrado, progresivo y acorde con las dificultades actuales de los contribuyentes, sino con venta de activos estatales y definitivamente racionalizando el Estado, para que menos Estado burocrático pueda generar más Estado en lo social.
Para esto hay que ir más lejos que simplemente congelar nóminas o limitar gastos suntuarios. Se deben fusionar entidades que son complementarias, como el caso de la Agencia Nacional de Tierras con la Unidad de Restitución de Tierras (URT), sin que en la fusión se pierdan los focos misionales; a su vez, en la URT hay gestión de proyectos productivos que podrían ser contratados con otras agencias estatales. Se debe fusionar la Agencia de Renovación del Territorio, que con proyectos pequeños provee bienes públicos en las comunidades de la Colombia profunda, con la Agencia de Desarrollo Rural, llamada a ser la ANI de los proyectos agropecuarios, deuda todavía pendiente. Habrá que pensar en acabar con el Fondo de Adaptación, un megafondo radicado en el Ministerio de Hacienda que hace trabajos duplicados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El DPS hace un muy buen trabajo focalizado en la superación de la pobreza y repartiendo los recursos de Ingreso Solidario, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y devolución del IVA, entre otros, pero con seguridad la atomización de programas que en muchos casos presentan eficiencias cuestionables —como reformas de viviendas, inclusión productiva, infraestructura, entre otros— podría simplificarse teniendo sistemas de reembolso por obra ejecutada.
Un trabajo más profundo y relativamente fácil de hacer consiste en analizar las categorías de presupuesto otorgado por el Ministerio de Hacienda a las diferentes entidades, en las que se encuentran traslapes funcionales, como sucede con su famoso Fondo de Adaptación y los ministerios de Ambiente, Cultura, Deporte, Educación, Salud, Transporte, Vivienda, Minas y Energía, y aun con la Fiscalía y otros organismos de control. Cabe preguntarse: ¿qué hace el Ministerio de Hacienda ejecutando programas en todos estos otros ministerios y organismos? Y ni hablar de lo ambiental, donde existe un entramado institucional complejo, falto de efectividad y en muchos casos poco transparente.
La reforma tributaria debería contemplar un “volver a los focos misionales” de las diferentes entidades y eliminar la mayoría de las duplicidades que existen en los organismos, trasladando esos recursos al ministerio cabeza del foco misional respectivo, pero únicamente con el 20 % de la burocracia asociada. La lista de duplicidades es larguísima. Necesitamos descentralizar, ejecutar en el territorio, como decía un líder campesino, pasar de las “corbatas en la séptima a las botas de trabajo”. Menos Estado burocrático para más Estado en lo social.