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En el manejo de la fiscal general LUZ ADRIANA CAMARGO se destacan los avances en la investigación e imputación de los involucrados en el escándalo de la UNGRD, pero preocupa la conveniente demora en las investigaciones e imputaciones frente a Nicolas Petro Burgos, hijo mayor del presidente; a Juan Fernando Petro, hermano de Petro; a Nicolas Alcocer Petro; al nombramiento de Vladimir Fernández, entre otros, sin contar con la actuación de la fiscal del caso Uribe, exempleada de Montealegre.
La fiscal general fue nominada por Petro a pesar de su carrera en la Corte Suprema de Justicia como magistrada auxiliar de Leonidas Bustos, condenado por el cartel de la toga, prófugo en Canadá. Examinemos solo dos: Nicolas Petro B., sindicado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, está acusado de recibir recursos del exnarcotraficante Santander Lopesierra (Hombre Marlboro) y del turco Hilsaca, vía su hijo Gabriel, tema de lento desarrollo judicial. Pero más delicado y sin avance es el que involucra al hermano de Petro, Juan Fernando, con el denominado “Cartel de La Picota”, porque en el 2022 realizó numerosas visitas a cárceles, ofreciendo supuestamente tratos a condenados por narcotráfico, como alias Falcon, a cambio de dinero para la “caja menor de la paz total”.
Están documentadas las visitas a La Picota donde se reunió entre otros con Álvaro el Gordo García, condenado por la masacre de Macayepo; Marquitos Figueroa, narcotraficante y paramilitar extraditable, señalado de homicidios y alianzas con el Clan del Golfo; con alias Caco, piloto narcotraficante vinculado a la empresa SADI SAS, pendiente de extradición, cuyo abogado denunció ofertas en nombre de Juan Fernando Petro, para evitar la extradición.
Según las revelaciones de Noticias Caracol en abril del 2022, se ofrecieron rebajas de penas, amnistías o indultos bajo el “perdón social”, frenar extradiciones, inclusión en la paz total como “gestores de paz” a cambio de apoyo electoral que, tal como lo admitió Juan Fernando Petro, derivó en más de un millón de votos. El Gobierno ha nombrado exparamilitares y narcos como gestores de paz, los llevó como actores centrales en Medellín, y en su mandato se ha incrementad sustancialmente el narcotráfico.
Pero el beneficio mayor se está cocinando en el Congreso. El P.L. 002/25 que la Cámara, denominado P. Ley de sometimiento de origen gubernamental, radicado por Montealegre, busca obtener un tratamiento penal diferenciado para grupos armados como EMC-FARC, Segunda Marquetalia, ELN, para crimen organizado como Clan del Golfo, Pachenca y, además, Primera Línea. Las penas propuestas derivarían en una masiva excarcelación de condenados, propone penas alternativas de 5-8 años, reclusion en sitios especiales con posibilidad de libertad preparatoria, rebajas de 40-60 % para crimen organizado, entrega de bienes conservando el 12 %, entre otras, a cambio de entregar armas, bienes, liberar menores y verdad y reparación. Preguntas: ¿Si, según el Gobierno, parece que a Miguel Uribe Turbay lo asesinó uno de estos grupos, por qué plantea otorgarles beneficios? ¿Por qué la Fiscalía no avanza con las denuncias del pacto de la Picota? ¿La ley de punto final que propone Cepeda tiene que ver con limpiar los crímenes de toda esta cloaca narcoguerrillera?
