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La discusión del monto del presupuesto del año 2025 y su financiamiento ha sido un ejercicio que revela las frustraciones, capturas politiqueras, sesgos y mentiras escondidas de cómo funciona el Estado colombiano totalmente centralista, cuyo foco es una descarada captura burocrática, vulgar clientelismo, con total desprecio por el desarrollo regional.
En una economía muy estancada desde que llegó Petro, el crecimiento del presupuesto planteado para el 2025 vs 2022 es de casi un cincuenta por ciento. El gasto de funcionamiento pasa de 231,7 billones a 327,9 billones, creciendo el 41 %. ¿Pero para qué? La salud fue destrozada, la inseguridad y los grupos ilegales controlan alrededor del 30 % del territorio, el sistema penal acusatorio está colapsado, en educación existe un profundo desequilibrio entre esta y el sistema de formación para el trabajo, y los colombianos están emigrando masivamente porque no encuentran oportunidades.
¿Dónde están las vías que requieren los campesinos, la vivienda social y el impulso al crecimiento económico, mientras el gasto burocrático de funcionamiento está disparado? Los contratos de prestación de servicios superan los 900.000, el Gobierno no ejecuta y sin vergüenza guarda más de 50 billones en fiducias.
Como el Gobierno no ha encontrado la forma de tapar su incompetencia para ejecutar y el desprecio por las regiones, sigue insistiendo en golpes blandos para evitar las consecuencias legales de la violación de topes en su campaña, juega a crear un Estado de caos en seguridad que le permita mediante estados de excepción quedarse en el 2026, y como no le cumple al pueblo con realizaciones y obras, compra conciencias vía reparto burocrático y contratos de cuestionable impacto. ¿Ambiente está contratando miembros de las Juntas de Acción Comunal como supuestos protectores ambientales pagándoles $900.000 mensuales por tres años? ¿Pagamos un millón por no delinquir a los jóvenes de las primeras líneas? Y la lista sigue, sin contar la masiva corrupción de esta cleptocracia.
Es claro que, entre platas en fiducias, reforma que genera recursos básicamente para el 2025 y la fiesta burocrática, el foco es comprar votos para las próximas elecciones. ¿Dónde queda el pueblo y sus necesidades? La profundidad del desbalance se evidencia cuando el Comité de la Regla Fiscal habla de un desfinanciamiento de más de 20 billones. El Gobierno presenta entonces un mega presupuesto cuya aprobación nos llevará a una reforma tributaria que, falsamente dice, ayudará a la reactivación.
Necesitamos un gran cambio en el funcionamiento del Estado. Hoy más del 70 % de los recursos se los traga la Nación en un gigantismo burocrático que no produce desarrollo, mientras que a los departamentos les toca menos del 25 %. La regla debería ser al menos 40 % Nación, 30 % departamentos y 30 % municipios.
La simplificación del Estado burocrático sumado a la autonomía fiscal territorial se vuelve imperativa. El Congreso NO debe aprobar el monto del presupuesto planteado. Entre el hueco de 35 billones de que habla la regla fiscal, más los 50 billones de fiducias, es claro que el presupuesto global debería ser mucho menor de 500 billones.