Cuatro años después de la firma del Acuerdo con las Farc, W Radio dice con acierto que una de las fichas faltante del rompecabezas de la paz es la droga, pero además faltan otras.
Una central es la reparación de VÍCTIMAS por parte de la guerrilla, que hasta hoy ha sido prácticamente inexistente y una burla, dejando toda la carga al Estado y a los contribuyentes. Se supone que en un acuerdo entre guerrilla y Estado las dos partes deben cumplir. Pero al único que se le exige cumplimento es al Estado. La guerrilla, cuatro años después, ha entregado menos de $30.000 millones en efectivo y oro, de bienes declarados por más de $960.000 millones, y a pesar de repetir que habían entregado todo el dinero, posteriormente la Fiscalía encontró más de $2 billones en bienes, sin contar los más de US$500 millones que aparecieron estos días en cuentas de las Farc en Turquía.
Ese dinero es para las VÍCTIMAS y no haberlo entregado es un claro y abierto incumplimiento a la obligación de decir la verdad y reparar, que se suma a la burla de las declaraciones ante la JEP de Lozada y compañía frente al reclutamiento y las violaciones de niños, niñas y adolescentes. La JEP hasta ahora es otra ficha incompleta; cuatro años después, no ha proferido una sola sentencia condenatoria para una cadena de más de 50 años de todo tipo de crímenes, incluyendo los de lesa humanidad. Entonces, y mientras no demuestren lo contrario, más que una justicia especial es una institución ABSOLUTORIA.
La ficha de la droga falló por acción, omisión, porque fue negociada o por todas las anteriores, juzguen ustedes. Durante la negociación, en septiembre del 2015 se suspendió la aspersión aérea con glifosato, la misma que en el 2006 logró impactar más de 170.000 ha. Se desmontaron los Grupos Móviles de Erradicación, bajaron de 250 en el gobierno Uribe a 23 en junio del 2018. Se generaron territorios vedados para la fuerza pública como el Catatumbo, a raíz del paro agrario del 2013. Con el PNIS se estableció un incentivo económico perverso, que promovió nuevas siembras para reclamar el beneficio de la sustitución. Se institucionalizó un discurso justificativo frente a los cultivadores y se limitó el actuar del Estado en parques, zonas de frontera y otras.
Vemos entonces que, coincidencialmente y en paralelo al proceso de paz, hubo una deliberada acción del gobierno anterior para desestimular la actuación estatal frente a los cultivos ilícitos que condujo al mar de coca que tenemos hoy, con terribles consecuencias como el asesinato de líderes sociales que se oponen al control territorial.
¿Negociación de paz? Más bien, para desmovilizar 13.000 guerrilleros, negociaron el Estado y la justicia, añadieron 310 páginas a la Constitución, se adquirieron más de 900 compromisos para el Estado tasados en $190 billones, se desconoció la voluntad del pueblo y quedamos con la misma o mayor violencia. Justicia y Paz desmovilizó 36.000 paramilitares, 17.000 guerrilleros pagaron cárcel y no se negoció el Estado.
Colombia necesita cerrar el tema de la paz con ajustes acotados sobre pocos temas: drogas, víctimas y no acceso de criminales de lesa humanidad a cargos públicos, y otros más para que la paz sí sea incluyente, cierre la polarización y no sea un mal contrato por adhesión.
