El Estado colombiano no ejecuta y vive a espaldas del país, acumulando deudas con el desarrollo territorial asfixiado por el centralismo atrofiante. Las comunidades frente a reclamos sencillos —una carretera, un hospital, protección contra inundaciones, etc.— hacen paros, bloqueos y protestan por los repetidos incumplimientos, el abandono y negligencia del Estado central, que cuando la situación se sale de control, genera mesas intersectoriales, va al territorio en desfile de funcionarios que en muchos casos negocian lo imposible con tal de conjurar el paro, acumulándose en los ministerios montañas de acuerdos que en su mayoría saben no van a cumplir, porque el Estado NO está diseñado para cumplir. Estamos perdiendo las comunidades por un Estado que incumple y no protege, que no genera legitimidad, mientras que los actores armados operan con una lógica territorial que genera arraigo, con estrategias para ganarse y controlar a la comunidad alrededor de sus economías criminales a sangre y fuego, combinándolas en algunos casos con la provisión de los bienes públicos que el Estado central NO entrega. Mientras en Bogotá, los funcionarios más aplicados generan documentos de política, elaboran CONPES (desde 1967 acumulamos más de 4.300), crean mesas de articulación intersectorial, contratan expertos, negocian con el político local, y acompañan su actividad con decretos, directivas y resoluciones que casi desconoce el nuevo funcionario que remplaza al anterior en un ciclo interminable. Una muestra de esta intoxicación estatizante son las APPA y ZPPA; funcionarios desde Bogotá le indican al campesino de Sandoná, Nariño, o en Titiribí, qué debe cultivar.
El problema tiene varias raíces. Una de fondo es que los presupuestos de las entidades involucradas se realizan a manera de silos, totalmente descoordinados y a espaldas del territorio. Lo explico como una orquesta donde unos instrumentos (ministerios y agencias) tocan cumbia y otros joropo, y unos en febrero y otros en agosto, pero sin coordinación ni concurrencia, además con presupuestos anuales para necesidades casi todas de corte plurianual. Si el territorio importara, tendríamos presupuestos por programas y proyectos territoriales con presupuestos multianuales. Cada región o departamento definiría al menos de tres a cinco nodos de desarrollo agropecuario, turístico, minero, industrial, etc., y los ministerios definirían un único responsable misional por tema, que velaría porque las regiones ejecuten los programas, proveyendo algunos recursos.
No estamos hablando de ciencia de cohetes: se trata de construir las carreteras terciarias, el programa de electrificación o de conectividad, la formación para el trabajo, hospitales, escuelas y proyectos productivos. Otro mecanismo poco implementado es el de los trazadores presupuestales que permiten gestionar recursos para asignación, ejecución y seguimiento de políticas sociales transversales de manera transparente, eficiente y efectiva, esto vs la actual fragmentación y dispersión de recursos presupuestales, debido a la multiplicidad de políticas y ejecuciones con recursos hoy asignados a espaldas del desempeño y con desconocimiento de la realidad territorial como en la APPAS. Nuestro arreglo estatal no funciona.
