Publicidad
27 Nov 2022 - 5:30 a. m.

Reciclando traquetos

Conversaciones pendientes

Colombia ha tenido un sufrimiento interminable por cuenta del narcotráfico. Sería larguísimo recordar a los campesinos, soldados, líderes sociales, ministros, candidatos y empresarios asesinados por oponerse a este negocio. Habría que recordar las bombas, cómo Pablo Escobar financió la toma del Palacio de Justicia por el M-19, cómo desde hace 40 años la guerrilla se ha financiado con esta actividad, enriqueciéndose política y económicamente, y cómo se financió también el paramilitarismo que, con la conveniente disculpa de la falta de acción del Estado, tomó la justicia por sus propias manos, creando un daño peor que la enfermedad.

Pero hay una parte de la historia de la que poco se habla, los dividendos que la izquierda más radical recibe de esta actividad al promover los cultivos ilícitos, su comercialización y la minería ilegal, utilizando a las comunidades campesinas e indígenas para que sistemáticamente, vía consultas, se opongan a cualquier solución que dé al traste con sus fabulosas ganancias. Además, omiten que no tienen ningún reato en reclutar menores, violar hombres y mujeres, obligarlas a abortar y usarlos en una moderna esclavitud para cultivar y raspar coca, ejerciendo control total sobre el territorio, asesinando a los líderes sociales que se opongan y promoviendo levantamientos sociales para forzar el retiro de las autoridades, como pasó en Cali en el 2021. Esto, sumado a la poca acción del Estado y a la falta de justicia efectiva, hace que esas actividades tengan un círculo vicioso de altísima rentabilidad.

Son guerrillas que se dedican al narcotráfico, microtráfico, extracción ilícita de minerales, extorsión, lavado de dinero, compra de armas para poner en jaque a la sociedad civil y luego convenientemente “negociar la paz”, como las Farc en 2016, negociación que les ha garantizado impunidad, rentas políticas y económicas, más ahora que se plantea la posibilidad de retener parte de sus utilidades criminales.

Estos traquetos con supuesta disculpa ideológica secuestran menores, pero son “retenciones”, defienden los derechos humanos, pero no los de sus víctimas a las que nunca reparan, y si son capturados delinquiendo de nuevo, gritan “entrampamiento” para restarles legitimidad a las acciones del Estado.

Finalmente, la nueva modalidad es lavar crímenes volviéndolos gestores de paz. Todo lo anterior, complementado con el accionar de algunos colectivos de abogados y jueces afines, que demandan y condenan al Estado por “omisión” en las masacres perpetuadas por la guerrilla, resultando la población civil triplemente damnificada, ya que pone las víctimas, paga con sus impuestos las indemnizaciones y los verdaderos culpables quedan libres y legislando.

En la búsqueda de la “paz total” vía negociación, el Gobierno y las guerrillas que tienen un origen común podrán solicitar en una asamblea constituyente lo que no logren en el Congreso, como parte del acuerdo y precio por una paz que no llegará, pues traquetos reciclados asumirán el vacío dejado por los amnistiados y de paso se cambiará el sistema electoral para perpetuarse en el poder como en Venezuela. Es tan lucrativo el negocio guerrilla-narcotráfico, que resultó más rentable ser disidente del Acuerdo de Paz que reinsertado, con todas las garantías y beneficios que conlleva.

Síguenos en Google Noticias

Temas recomendados:

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta política.
Aceptar