En un análisis simplista me he permitido mirar el panorama macropresupuestal de Colombia, reuniendo actividades y observando su comportamiento en ciclos largos del 2000 al 2024. Para estas cifras agrupé cuatro sectores y sus apropiaciones presupuestales miradas como porcentaje del PIB: primero, defensa, seguridad y justicia, que comprenden apropiaciones presupuestales de MinDefensa, MinInterior, Rama Judicial, Fiscalía, inteligencia, etc. En este grupo con algunos picos no hemos pasado del 4,4 % al 4,8 %, recordando que las obligaciones pensionales especialmente de la fuerza pública están en este rubro. Se evidencia entonces un bajo monto comprometido en esto que es central.
El segundo grupo está lo dedicado a Desarrollo de Capital Humano que agrupa salud, protección social, educación, deporte, cultura y otros afines. En este grupo pasamos del 6,1 % al 11,7 % en el 2024, con un pico en el 2020 de 13,2 %. Pero, a pesar de que históricamente duplicamos la inversión, los resultados de hoy son malos. En salud veníamos con sustanciales mejoras hasta el “chu, chu, chu” de Petro, que generó una crisis total. En educación, a pesar de los incrementos sustanciales en apropiaciones, los resultados sobre todo en la básica son malos, y no será por incapacidad de nuestros menores, sino más bien por profesores capturados por Fecode, quienes no permiten la evaluarlos e instrumentalizan la educación políticamente.
Un tercer grupo lo constituye la inversión en desarrollo económico, en actividades como agricultura, ambiente, comercio, transporte, vivienda, minas y energía, entre otras. En este importantísimo grupo pasamos de invertir el 1,6 % del PIB al 3 %, mostrando que, a pesar del incremento, invertir el 3 % en desarrollo es claramente insuficiente.
Finalmente, el cuarto grupo es lo invertido en funcionamiento del Estado, con Hacienda, Congreso, Dane, organismos de control, Planeación, Presidencia, Registraduría y Relaciones Exteriores, entre otros, grupo con fuerte componente de burocracia pura y dura que poco aporta, pero sí estorba en muchos casos. Las cifras de este ejercicio son imperfectas porque, a su vez, en los tres primeros grupos cada una de las entidades tienen al interior gastos de funcionamiento.
Resumiendo: necesitamos más inversión en desarrollo en las regiones, que tendrán aumento en los traslados del SGP por la reciente reforma; en seguridad y justicia; mejorar la calidad de la inversión en desarrollo de capital humano. Por lo tanto, la variable que debemos afectar es una reducción sustancial en el funcionamiento del Estado y en la forma como invierte.
Detallando el tema, por cada línea de intervención del Estado tenemos múltiples instituciones que hacen lo mismo o similar, que obligan a definir quién es el responsable misional principal y lo demás sobra, se elimina o se fusiona. Además, el Estado central asume tareas que son claramente del orden municipal o privado, práctica que hay que trasladar o eliminar. Finalmente tenemos que reorientar al menos el 50 % del presupuesto de cada entidad a un presupuesto por proyectos o programas de contenido territorial. Esto cambia la ecuación porque por programas o proyectos no debiera haber sino un único representante, responsable temático, simplificando de facto la complejidad que hemos creado.
