Reembolso por obra ejecutada con incentivos y penalidades

En Colombia hemos tenido una discusión teórica sobre si la planeación nacional y el desarrollo deben ser de arriba hacia abajo o viceversa (top down or bottom up). Este tema es especialmente relevante cuando hablamos de cómo penetrar y conectar a la Colombia profunda con el desarrollo. A pesar de la idealización de un Estado todopoderoso con planeación centralizada por parte de los autócratas, la evidencia muestra que es mejor abordar el tema por varios frentes, con abierta participación privada, pero con reglas y límites.

En infraestructura es claro que un país moderno y competitivo requiere no solo puertos, aeropuertos, ferrocarriles y autopistas como las 4G y 5G que demandan inversiones billonarias y cuyo desarrollo obedece a una planeación y prioridades nacionales. Se deben desarrollar de forma paralela troncales secundarias que conecten regiones con cargo especialmente a regalías (no es ese el foco de esta columna). Lo anterior es necesario pero insuficiente si no tenemos las “radiculares”, que son las decenas de miles de kilómetros de vías terciarias que tenemos que construir especialmente en esos 965 municipios categoría seis (menos de 10.000 habitantes), desarrollo que definitivamente tiene que ser de abajo hacia arriba. ¿Pero cómo lograrlo cuando estos municipios prácticamente no tienen ninguna capacidad institucional ni económica para hacer los estudios, contratar y desarrollar estas vías terciarias? Ahí es donde debemos tener una aproximación totalmente diferente muy centrada en comunidades organizadas, juntas de acción comunal y autoridades municipales, etc.

Se trataría de que municipios y comunidades identifiquen y prioricen con algún detalle las vías terciarias que requieren en su territorio, ojalá con acompañamiento departamental para lograr integraciones entre municipios. A modo de prefactibilidad, de forma sencilla y básica, se identificaría a qué población beneficia esa vía, qué áreas económicas habilita, qué impactos ambientales tendría y se procedería a su registro digital en el DNP. Basados en costos unitarios variables e indicativos en función de topografía y otras consideraciones, estas obras se matricularían con un costo (más o menos un 15 %) y un tiempo estimados de ejecución. En libre competencia, compañías desarrolladoras, especialmente pequeñas constructoras locales o las mismas comunidades organizadas, podrían “optar” por desarrollar esa infraestructura, publicando su propuesta que tendría un plazo corto (p. ej., dos meses) para que competidores pudieran contraofertar. Solo aquellas obras cuyo desarrollo contra obra ejecutada estuviera alrededor del presupuesto y plazo estimados tendrían un reembolso total de parte de la nación con algún incentivo porcentual para el municipio. Pero aquellas cuya ejecución superara abiertamente montos y plazos tendrían una escala decreciente en la que la nación, en casos de abusos en costos o tiempos, disminuiría o eliminaría el reembolso. Sería generar una revolución descentralizada de las vías rurales, placas huellas, pequeños puentes y box culverts. Se delegaría en la mayoría de los casos el manejo ambiental al municipio con claras reglas y se habilitarían contratos tipo para construcción y mantenimiento, ojalá por comunidades. Se descentralizaría y premiaría el cumplimiento y se penalizaría el extracosto o extratiempo.