Uno de los temas más apremiantes para Colombia es el desarrollo integral y sostenible del campo. A pesar de los cuestionamientos al proceso de paz (votado No en el plebiscito), hay que reconocerle algunos puntos necesarios para el desarrollo rural del país.
Subrayo el afianzamiento de los PDET y la puesta en marcha del catastro multipropósito, pero tal vez el más central es la implementación de la denominada reforma rural integral. El Acuerdo dice en el capítulo 1, p. 12: “El desarrollo integral del campo depende de un adecuado balance entre las diferentes formas de producción existentes —agricultura familiar, agroindustria, turismo, agricultura comercial de escala—, de la competitividad y de la necesidad de promover y fomentar la inversión en el campo con visión empresarial y fines productivos como condición para su desarrollo...”.
Hasta los años 90 Colombia impulsó como política de Estado una colonización dirigida, que buscaba ampliar la frontera agrícola y ocupar el territorio nacional, aumentando la producción y aprovechando áreas rurales dispersas, inhabitadas y desaprovechadas. Durante este tiempo el Estado colombiano fomentó además el tratamiento de los colonos equiparándolos a propietarios, es decir que les cobró impuestos prediales, valorizaciones, los obligó a la implementación de planes de manejo ambiental, a muchos la Caja Agraria les prestó recursos con hipoteca sobre los predios colonizados y fueron también objeto de sanciones impuestas por la administración.
Con las vergonzosas excepciones de despojos de tierras que maneja la URT, la mayoría de estos colonos desarrollaron el campo con patrocinio estatal y bajo el principio de confianza legítima. No puede ser que ahora dichos colonos sean acorralados por unas narrativas mentirosas e incendiarias, en las que cualquier persona que tenga algún patrimonio producto del campo es señalada de explotadora y favorecedora de multinacionales, para que el Estado, ante esos ecos y presiones de grupos, termine cambiando las reglas de juego y deba volverse en contra de quienes en su momento fueron objeto de su política. Este escenario de persecución y señalamiento social injusto nos está alejando de la ocupación lícita del territorio.
El proyecto de ley 03 del 2018, “por el cual se modifica la Ley 160 de 1994”, conocido como Nueva Ley de Tierras, que tuvo su origen y consulta previa con las comunidades en el gobierno anterior, abre un necesario espacio para que personas que hayan ocupado estos predios bajo confianza legítima puedan ser adjudicatarios con algunos requisitos, y que también se reconozcan títulos obtenidos por medios lícitos en sede judicial para que tengan validez. Así como la mayoría de estos predios han producido desarrollo lícito y trabajo legal, no podemos abandonarlos a las narrativas de odio y dejarlos sin definiciones legales.
Este proyecto de ley requiere ser discutido en el Congreso, seno de la democracia, para que las diferentes fuerzas regulen su futuro. Es claro que el proyecto tiene temas polémicos, como el que favorece el testaferrato de los inmuebles incluidos en el inventario entregado por las Farc-Ep, por ello habrá que regularlo, pero no se puede privar a Colombia de esta discusión y aprobación en el Congreso, a costa de seguir paralizando el campo.
