En Colombia se debaten reformas que de fondo cambian el control político. Nos centramos en discutir si el aseguramiento sigue, si la laboral generará empleos, si los recursos pensionales deben quedar en manos del Estado y los políticos, etc. Pero poco se habla de un muy preocupante hilo conductor entre ellas, y es el control del ciudadano por parte del Estado.
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Veamos, en el PND se aprobó la creación del Registro Universal de Ingresos (RUI), ya elaborado a cargo del DNP, conformado por una megabase de datos que cruza subsidios, ingresos y en general toda la información financiera de todos los colombianos, no solo con la DIAN, creando un proceso que desde lo positivo ayuda a focalizar subsidios y facilita concentrarlos en los más pobres, pero que sin control en un Estado con criminalidad desbordada puede servir para ejercer posiciones discriminatorias de poder político. Un segundo elemento se encuentra en la posición obstinada del Gobierno de eliminar las EPS que hoy conservan de forma segura la información de la salud de los colombianos, pasando todo a los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS). Estos centros estatales van a concentrar toda la información de salud de cada uno. Se puede argumentar que ayudará en la prevención, atención integral y que se llegará a zonas actualmente no cubiertas, etc., pero la realidad es que tendrán vía empadronamiento todos los datos de cada persona en un sistema público único integrado de información en salud, el lugar de la vivienda, la condición de salud, etc., lo que probablemente aumentará el riesgo de intimidación, secuestros y demás delitos, para personas en actividades políticas, líderes de derechos humanos, líderes sociales y disidentes, entre otros. Al juntar la información del RUI con la de los CAPS, se podría configurar una violación de la privacidad de los ciudadanos vía vigilancia masiva, aumentarán las posibilidades de discriminación, control social y de limitación a las libertades individuales, facilitará la persecución a opositores políticos y se controlará además el flujo de la información.
Otro elemento adicional de control político es el impulso a la creación de sindicatos de industria que, sumado a posibilidades de huelga en servicios públicos, van a configurar una situación tipo Argentina, donde hay un control sindical de la economía. La asociación es una libertad civil universalmente reconocida, derecho fundamental de trabajadores y empleadores. Pero con la promoción de esta sindicalización, más que buscar un equilibrio en la relación empleado-empleador, servirá como herramienta para control político de sindicatos afines a la ideología del actual gobierno, como ocurre con la CUT y Fecode. Con los sindicatos de industria se terminarán generando abusos que llevan a un desequilibrio entre la protección de los derechos de los trabajadores vs. la promoción de competencia y crecimiento económico; además, el hacerlos extensivos para los servicios públicos creará un poder exorbitante que desequilibra la relación entre ciudadanos y sindicatos, por eso países como España, Francia y Estados Unidos tienen restricciones o prohibiciones a huelgas en servicios como transporte público, salud, energía, bomberos, tráfico aéreo, seguridad, etc. ¿Cuáles son las reglas que controlan todo esto?
