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El tema de tierras es un asunto central no resuelto en Colombia. Basado en las experiencias de catastro multipropósito, los excelentes trabajos del Dr. Mauricio Velásquez de la U. Andes y del Dr. Manuel Ramos sobre su planteamiento del proceso jurídico, más lo discutido en Valiente es Dialogar, presento lo que pudiera ser un camino para una masiva titularización, con fuerte énfasis campesino (no exclusivo) y ambiental, respetando derechos legítimamente adquiridos.
Reconociendo que el proceso es eminentemente territorial, la prioridad la deben tener aquellas zonas de débil presencia histórica del Estado y altos niveles de informalidad en la tenencia de la tierra. Se debe partir del barrido CATASTRAL de municipios completos, aprobado por el Consejo Superior de Administración de Ordenamiento del Suelo Rural (CSAOSR), resultante del Decreto 2367 del 2015, que en el marco del Acuerdo de Paz permite identificar TODOS los predios de un municipio: pequeños, grandes, latifundios y formales con registro notarial, entre otros, para comparar lo anotado con lo real, inventariar los ocupados sin títulos, los objeto de despojo o situación irregular que han pasado o exigen pasar por la URT, y distinguir cuáles son los baldíos adjudicables. Este barrido facilita y da sustento a un elemento central, la valoración promedio y uniforme de todos los predios del municipio a precios de mercado con alcance territorial, resultando unos precios de referencia, tal como lo hizo Brasil, con importancia subrayada en “Valuation of Unregistered Lands”, producido por UNHABITAT. Los precios no deben ser ni muy altos con tufo expropiatorio, ni muy bajos, irrisorios o anacrónicos; deben ser precios de mercado.
Basado en el gran trabajo “Estrategia de preclarificación para agilizar el programa de acceso a la propiedad de terrenos baldíos y la formalización de los títulos de dominio privado”, elaborado por el Dr. Manuel Ramos B., coautor de la Ley 160/94, financiado por la cooperación sueca y el Banco Mundial, se puede proceder ágilmente a dicha formalización dentro del marco de la ley. El barrido catastral y los precios de referencia facilitan una necesaria actualización de las UAF de los municipios que integran el territorio objeto de la formalización. Con precios de referencia y UAF actualizados, más rutas jurídicas claras, se iniciaría un proceso ordenado con preferencia campesina, donde la primera UAF sea gratis, la segunda con 50 % de descuento, la tercera con 20 % y la cuarta con precios de mercado. Las excedentarias pasarían al fondo de tierras mediando retribución económica.
En baldíos nacionales ocupados por encima de una UAF y con un tope de cuatro, podría considerarse como pago por el colono un esquema de servicios ecosistémicos de restauración ambiental y alternativos a cultivos ilícitos, por un tiempo concordante con el avalúo de las tierras. Las alternativas pueden ser: expropiaciones masivas, cargadas de odio y sesgadas narrativas, con adjudicaciones a dedo a los despojos realizados por la guerrilla, agudizando la violencia, o que de manera sensata vía diálogo incluyente y nunca dilatorio acordemos los principios de un proceso que reivindique, produzca seguridad jurídica y equidad, y dispare el desarrollo agropecuario.
