Frente a la profunda crisis que aqueja a la administración de justicia desde hace décadas, en el 2017 un grupo de expertos abogados de todas las vertientes (Corporación Excelencia en la Justicia, Dejusticia, academia, etc.) se propuso definir una “partitura para la reforma al sistema de justicia”, ejercicio al que fui invitado en calidad de facilitador, precisamente por mi desconocimiento del tema, con el fin de apoyar la organización de las iniciativas con visión gerencial.
El análisis arrojó un plan maestro de reformas necesarias y articuladas: la necesidad de revisar la formación en Derecho de las personas que intervienen en la administración de justicia; el fortalecimiento de los consultorios jurídicos; la flexibilidad curricular y profesionalización de la educación legal, y que con la debida transición solo las universidades acreditadas puedan expedir títulos de abogados; la urgencia de simplificar el sistema jurídico mediante una racionalización de los tipos penales de tal forma que las condenas sean proporcionales, efectivas y cumplan fines ejemplificantes, y la simplificación de los esquemas sancionatorios articulando los códigos Disciplinario, Fiscal y Penal. Se requiere racionalizar la demanda de justicia y aumentar la oferta judicial, suprimir los incentivos perversos que generan la demanda abusiva del sistema, y regular y en consecuencia fortalecer la justicia alternativa (conciliación, mediación, autocomposición). Se debe implementar un triage digital de conflictividad que clasifique y asigne la demanda, atendiendo criterios de urgencia, carga de trabajo, especialidad y casos similares, además de modular la tutela a través de la articulación con los demás tipos de procesos judiciales para evitar la concurrencia y congestión de procesos, sancionando el abuso del derecho.
El análisis arrojó como recomendación el mejoramiento de la oferta judicial mediante la definición de un nuevo mapa y escalafón, fortaleciendo la primera instancia, robusteciendo la cobertura y la oferta judicial rural, e implementando filtros de entrada, ascenso y permanencia estrictos. Se abogó por un sistema único que ofrezca la información completa, en tiempo real y transparente de la gestión, y por la creación de un fondo nacional para el desarrollo de infraestructura judicial y de tecnología.
Finalmente se sugiere adoptar esquemas incorruptibles, mediante la eliminación, digitalización y automatización de trámites judiciales, y el fomento de la cultura de la legalidad. En últimas, la discusión evidenció, para mí, con formación en administración, que un muy alto porcentaje del problema se centra en la administración del sistema de justicia. Piensen ustedes en una gigante empresa con el monopolio en la prestación de un servicio público esencial (la justicia), administrada por una junta directiva (Consejo Superior de la Judicatura) que de paso está conformada solo por abogados. Se requiere entonces reformar el CSJ, que la Rama Judicial se gestione con base en resultados, con un sistema de gobierno liderado por un gerente (no abogado) y un consejo administrador que asegure la rendición de cuentas, la independencia y la eficiencia. Los puntos anteriores, con toda la discusión posible, pudieran ser los elementos centrales de ese plan maestro de reforma a la justicia.
