El hundimiento del proyecto de modificación del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT), el pasado viernes en el Concejo Distrital, no es una buena noticia para la ciudad. Y no lo digo porque el proyecto presentado por el gobierno Petro fuera el que se necesitaba, sino porque una iniciativa de tal importancia ameritaba una discusión mayor y más a fondo de la que se le dio, oportunidad que se perdió.
Bogotá necesita un revolcón. La capital está gravemente segregada, se ha desarrollado en grandes porciones de manera informal y violando elementos fundamentales de su estructura ecológica, con sectores extremadamente densos pero sin vías, sin parques, sin espacio público ni equipamientos suficientes. Ha predominado el desarrollo predio a predio, el cual genera grandes beneficios para el sector constructor y altos costos para el resto (es decir, para la mayoría) de los bogotanos. En efecto, bajo este modelo la ampliación de redes, la mitigación del impacto en la movilidad y la generación de espacio público quedan a cargo, casi exclusivamente, de la ciudad, mientras que las ganancias por la mayor edificabilidad y los cambios de uso del suelo quedan sólo en manos privadas.
Por otro lado, la relación con la región —que debería ser prioritaria para que no nos sigamos expandiendo como una mancha de aceite sino que ocupemos el territorio de manera sostenible— se ha vuelto una relación conflictiva, al reducirse a negar la venta de agua en bloque (por parte del actual alcalde) y a evaluar y revaluar la conveniencia del tren de cercanías. Mientras tanto, los municipios del norte de la ciudad se llenan de urbanizaciones de baja densidad que dependen del uso del carro particular y en el sur crecen los cordones de pobreza.
Ahora, al revisar el POT vigente, cualquier desprevenido diría que ahí están las condiciones y herramientas para enfrentar esas problemáticas. De hecho, esta visión reduccionista ha llevado a muchos críticos del proyecto de Petro a pedirle a este que, en lugar de pensar en una revisión de fondo, se dedique a cumplir el actual y a hacer los ajustes para que eso suceda. Sin embargo, una cosa es el espíritu del Plan y otra la posibilidad de aplicarlo, lo cual depende de diversas herramientas como los planes maestros, las operaciones estratégicas, los planes parciales, las UPZ y la reglamentación de todas estas. La ciudad ha hecho un gran esfuerzo en el caso de las UPZ, pero el resto ha tenido grandes dificultades en su concreción. Por ejemplo, en 13 años apenas se ha expedido un plan de renovación urbana.
Bogotá no puede tener un POT que —como el que promovió Petro— sobre el papel tenga las mejores intenciones para generar equidad pero que en su aplicación desincentive la inversión privada, pues eso sólo servirá para promover la informalidad y aumentar el costo de vida de todos (lo cual impacta especialmente a los más pobres). A su vez, no se puede permitir un modelo de desarrollo que privilegie el interés particular frente al general, donde cada cual haga más o menos lo que quiera sin considerar las externalidades positivas y negativas que cualquier intervención sobre el territorio genera. Pero tampoco podemos mantener el statu quo, que permite casos aberrantes, como rascacielos que no aportan nada para mitigar el impacto de su construcción.
El proyecto presentado por Petro, a pesar de tener intenciones loables, tal vez no era la solución a los problemas (tal vez, incluso, generaba otros cuantos), pero era al menos una oportunidad para discutir cómo podemos encarrilar nuevamente el desarrollo de Bogotá en el marco de un específico modelo de ciudad que hasta hoy Petro no ha sabido aterrizar de manera clara y viable, y esa oportunidad se perdió.
El hundimiento del proyecto de modificación del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT), el pasado viernes en el Concejo Distrital, no es una buena noticia para la ciudad. Y no lo digo porque el proyecto presentado por el gobierno Petro fuera el que se necesitaba, sino porque una iniciativa de tal importancia ameritaba una discusión mayor y más a fondo de la que se le dio, oportunidad que se perdió.
Bogotá necesita un revolcón. La capital está gravemente segregada, se ha desarrollado en grandes porciones de manera informal y violando elementos fundamentales de su estructura ecológica, con sectores extremadamente densos pero sin vías, sin parques, sin espacio público ni equipamientos suficientes. Ha predominado el desarrollo predio a predio, el cual genera grandes beneficios para el sector constructor y altos costos para el resto (es decir, para la mayoría) de los bogotanos. En efecto, bajo este modelo la ampliación de redes, la mitigación del impacto en la movilidad y la generación de espacio público quedan a cargo, casi exclusivamente, de la ciudad, mientras que las ganancias por la mayor edificabilidad y los cambios de uso del suelo quedan sólo en manos privadas.
Por otro lado, la relación con la región —que debería ser prioritaria para que no nos sigamos expandiendo como una mancha de aceite sino que ocupemos el territorio de manera sostenible— se ha vuelto una relación conflictiva, al reducirse a negar la venta de agua en bloque (por parte del actual alcalde) y a evaluar y revaluar la conveniencia del tren de cercanías. Mientras tanto, los municipios del norte de la ciudad se llenan de urbanizaciones de baja densidad que dependen del uso del carro particular y en el sur crecen los cordones de pobreza.
Ahora, al revisar el POT vigente, cualquier desprevenido diría que ahí están las condiciones y herramientas para enfrentar esas problemáticas. De hecho, esta visión reduccionista ha llevado a muchos críticos del proyecto de Petro a pedirle a este que, en lugar de pensar en una revisión de fondo, se dedique a cumplir el actual y a hacer los ajustes para que eso suceda. Sin embargo, una cosa es el espíritu del Plan y otra la posibilidad de aplicarlo, lo cual depende de diversas herramientas como los planes maestros, las operaciones estratégicas, los planes parciales, las UPZ y la reglamentación de todas estas. La ciudad ha hecho un gran esfuerzo en el caso de las UPZ, pero el resto ha tenido grandes dificultades en su concreción. Por ejemplo, en 13 años apenas se ha expedido un plan de renovación urbana.
Bogotá no puede tener un POT que —como el que promovió Petro— sobre el papel tenga las mejores intenciones para generar equidad pero que en su aplicación desincentive la inversión privada, pues eso sólo servirá para promover la informalidad y aumentar el costo de vida de todos (lo cual impacta especialmente a los más pobres). A su vez, no se puede permitir un modelo de desarrollo que privilegie el interés particular frente al general, donde cada cual haga más o menos lo que quiera sin considerar las externalidades positivas y negativas que cualquier intervención sobre el territorio genera. Pero tampoco podemos mantener el statu quo, que permite casos aberrantes, como rascacielos que no aportan nada para mitigar el impacto de su construcción.
El proyecto presentado por Petro, a pesar de tener intenciones loables, tal vez no era la solución a los problemas (tal vez, incluso, generaba otros cuantos), pero era al menos una oportunidad para discutir cómo podemos encarrilar nuevamente el desarrollo de Bogotá en el marco de un específico modelo de ciudad que hasta hoy Petro no ha sabido aterrizar de manera clara y viable, y esa oportunidad se perdió.