Un ataque a la libertad de expresión

No lo sé, porque lejos estoy de ser una persona influyente y rica, pero sospecho que el encanto del poder radica en que eleva notablemente la imagen que se tiene de uno mismo. El poderoso posa ante el espejo y le gusta lo que ve. Le satisface, lo enorgullece, y quizá por eso se muestra tan receloso y hasta agresivo, incluso despótico, con quienes se atreven a decirle que no, no eres tan guapo ni tan virtuoso como crees. Por eso la relación entre el poder y los periodistas, esos aguafiestas que sacan a la luz lo que esconden las fachadas suntuosas, suele ser tensa. En democracia, sin embargo, no hay ningún problema. Un poderoso puede detestar a un periodista sin que su encono le impida hacer su trabajo. En eso consiste el Estado de derecho y el principio básico de nuestros sistemas de gobierno: hay libertad de expresión. El periodista puede recurrir a fuentes, incluso a soplones anónimos, para recabar información, y el fruto de sus pesquisas puede exponerlo sin temor a que la furia del poderoso desnudado lo mande a la cárcel o lo deje en la ruina.

Por eso sorprende el fallo judicial que acaba de hacer tambalear todas las certezas con las que se ejercía el periodismo y se mediaba la relación entre el poder y la prensa en el Perú. César Acuña, un empresario que se ha enriquecido con el “negocio” de la educación, dueño de la Universidad César Vallejo y excandidato presidencial, demandó hace poco al periodista Christopher Acosta por el retrato que hizo de él, fruto de una década de investigación, en el libro Plata como cancha. No contento con eso, también demandó al editor, Jerónimo Pimentel, director de la casa editorial que publicó el libro, Penguin Random House Perú. Según el juez encargado del caso, tanto el autor como el editor difundieron citas, 34 en concreto, que afectaban el honor y la reputación de Acuña.

Esto hay que verlo con detenimiento para entender la gravedad del asunto: el juez condenó al periodista y al editor a dos años de prisión suspendida y a pagar una multa de cerca de 100.000 dólares por haber transcrito el testimonio de otras personas. Ni siquiera por expresar sus opiniones y mucho menos por hacer afirmaciones temerarias o mentirosas. Su delito fue citar debidamente a la exesposa de Acuña y a personajes que tuvieron relación con el excandidato, cuyos testimonios y experiencias son de innegable interés para entender al personaje en cuestión. Eso, traducido al contexto colombiano, significaría que un periodista se vería en un gran problema por repetir lo que dijo Virginia Vallejo sobre Uribe, por ejemplo. Si algo que se dice, independientemente de que sea verdad o de que tenga relevancia periodística, es lesivo al honor y a la reputación de un poderoso, entonces mejor no publicarlo porque el resultado puede ser una condena penal y pecuniaria. Ese es el precedente que está sentando el veredicto del juez de este caso. Una novedad tan original como nociva, que de replicarse estaría amenazando la libertad de prensa y acorralando a los periodistas de investigación cuyo trabajo, vaya incordio, es justamente ese: recopilar los testimonios que nos permiten hacernos una idea de quiénes son los personajes que aspiran a gobernarnos.

Al ciudadano no le interesa saber cómo se ve el político a sí mismo, sino cómo lo ven quienes lo conocen.