A sabiendas de que la raíz de la persistencia del desplome de la capacidad adquisitiva de la moneda yace en el desbarajuste fiscal, por vía de la insoportable presión del gasto y el endeudamiento público sobre la demanda, el banco central se verá forzado, contra viento y marea, a mantener la rienda tendida en su tasa de interés de referencia.
El signo inequívoco que obliga a la adopción de dicho sendero no es otro que el ascenso incesante de las expectativas de inflación –la guía insoslayable de la política monetaria– que más que duplican la meta del 3 % anual, ubicándose en cerca del siete para el final del 2026. Así las cosas, se cumplirían siete años de la desviación entre el objetivo y el costo de vida real, colocando en riesgo la credibilidad del organismo rector de aquella, su patrimonio esencial, que es menester preservar.
Dicho proceder, sin duda, es el que proseguirá observando la Junta Directiva del Banco de la República. Su responsabilidad en tal ámbito, por fortuna para la estabilidad macroeconómica de la Nación, ha pasado todas las pruebas a partir de su autonomía consagrada en la Constitución de 1991, su más notable logro en esa materia.
Dicho lo anterior, resulta imperativa la respuesta del Gobierno frente al inaplazable ajuste en las finanzas públicas, de suerte que las señales que en adelante reciban los mercados globales, los inversionistas y los consumidores, apunten a la recuperación de la confianza que otrora tuvieron en la marcha de nuestro aparato productivo.
El reencauche de la Regla Fiscal acorde con las nuevas realidades; la consolidación de la independencia de su Comité Autónomo (CARF); el trazado de una ruta creíble y viable durante el próximo cuatrienio tras la reducción del tamaño del Estado y del consiguiente recorte del gasto; la ampliación de la base tributaria cimentada en las personas naturales; el salvamento de Ecopetrol cifrado en los principios de un gobierno corporativo genuino y en la emisión de acciones ya autorizada por el Congreso hasta llegar a una participación del sector privado del 20 % de su propiedad, constituyen elementos centrales de la recuperación de la confianza en el manejo del erario que deben ponerse en marcha antes del fin de la luna de miel del nuevo Gobierno, con el propósito fundamental de pasar del dicho al hecho. Es el costo político de los sacrificios impopulares que tendrá que asumir como condición necesaria para ponerle fin a la nefasta dominancia fiscal de la política monetaria.
Sólo así se podría remontar la resistencia de las expectativas de inflación a converger hacia la meta del 3 %, y, por ende, emprender el camino de la disminución de la tasa de interés de política y del exorbitante costo de la deuda. Y alcanzar en el mediano plazo un crecimiento sostenible del PIB del 6 % anual.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ha comenzado en la dirección correcta al haber sincerado el desastroso estado de las finanzas públicas. Ahora la dura tarea de la reconstrucción del tejido económico se halla en el terreno de las acciones referidas. Si así fuere, la credibilidad de la ciudadanía en la conducción del Estado estaría a salvo.
*Carlos Gustavo Cano es exdirector del Banco de la República y Ecopetrol y exministro de Agricultura.