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Por Acuerdo 458 de 2010 el Concejo de Bogotá aprobó un cupo de endeudamiento de $800.000 millones para la construcción de la primera línea del metro, y por Acuerdo 527 de 2013 autorizó un nuevo cupo para costear infraestructura vial y social por $3 billones.
De esta última suma, $1,6 billones se destinarían a un conjunto de obras del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), identificadas en el respectivo acuerdo: un cable aéreo, la troncal de Transmilenio por la Boyacá, la prolongación de otras troncales y la ampliación de varias estaciones y portales. En otras palabras, tanto el primero como el segundo cupo quedaron amarrados a la financiación de obras específicas.
Sin embargo, en el presupuesto de 2015 la administración introdujo un artículo, que el Concejo aceptó, para eliminar la destinación específica de los mencionados $1,6 billones. Estos deberán aplicarse a obras para el SITP —que en términos técnicos incluye el metro y el Transmilenio—, pero sin tener que asignarse a los proyectos y por los valores concretos que definió el Acuerdo 527.
La administración arguyó que los $2,4 billones que resultan de sumar el primer cupo y los $1,6 billones del segundo para el SITP, constituyen la contrapartida de la ciudad a los aportes de la Nación para la infraestructura del sistema. Como la Nación sufraga la mayor parte del costo de ésta, mal podría el Distrito imponerle el plan de obras que va a cofinanciar, sobre la base de que fue definido por un acuerdo del Cabildo. Exigirle, por ejemplo, que las troncales por ampliar o los cables por construir sean unos y no otros. Así que cuando el alcalde se presente ante el presidente, Minhacienda y Planeación, debe llegar con la plata del Distrito desamarrada.
El Concejo terminó viéndose en un brete, porque los argumentos de la administración son razonables. No se pueden arriesgar los aportes nacionales por convertir un plan de obras en un inamovible. Pero el problema es que una vez que el alcalde tenga desatados los recursos, podrá pujar ante el Gobierno Nacional por destinar la totalidad, o casi, de los $2,4 billones, a la construcción del metro, que es su actual obsesión, y por arrastrar en esa dirección a la Nación. Eso sería muy grave, porque dejaría desfinanciados los otros componentes de la infraestructura del SITP. Hay que esperar que el Gobierno no lo permita y que salvaguarde el balance entre esos componentes.
