Autonomía fiscal territorial

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha formulado una propuesta de referendo a fin agregarle al artículo 298 de la Constitución de 1991 el siguiente parágrafo: “El recaudo por los impuestos sobre la renta y el patrimonio será de propiedad exclusiva de los departamentos y del Distrito Capital en su conjunto. La distribución del mencionado recaudo se hará atendiendo a los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad, solidaridad territorial, eficiencia y demás criterios que establezca la ley”.

Mis aplausos a tan audaz iniciativa, liberadora del centralismo en el que nos mantuvo sepultados durante más de un siglo la Constitución de 1886. Me honra hacer parte de su grupo promotor.

Si bien es cierto que la carta magna acordada en 1991 le abrió la puerta a la descentralización administrativa y política, dicho proceso quedó incompleto, sin dientes. Pues la descentralización administrativa y política sin autonomía fiscal es sólo un saludo a la bandera.

La primera objeción que aflora es el difícil momento que padece el erario. Ciertamente, las arcas públicas se hallan desbaratadas, como nunca desde entonces había sucedido desde la Guerra de los Mil Días. Un déficit que va camino del ocho por ciento del producto interno bruto.

Y la Regla Fiscal, acordada por ley en 2011, y su comité supervisor, violada impunemente por la rama ejecutiva del poder durante los dos años anteriores, y éste último irrespetado por la misma.

Dadas las circunstancias políticas, es inviable un drástico recorte del gasto gubernamental como sería necesario para resolverlo. Ni otra reforma tributaria, cuya posibilidad en un año preelectoral es nula.

Lo sensato, por lo pronto, es permitir el progreso de la mayor base contributiva del país. Es decir, del empresariado local y extranjero. Hoy ahogado en un mar de obstáculos, trabas y regulaciones. Y, de esa forma, eliminar las tribulaciones del bolsillo oficial. ‘Del cuero salen las correas’. Por ende, cuando este se agota (el cuero), déjelo crecer.

Lo imperativo es adelantar una profunda reforma estructural de las finanzas públicas, según lo planteado por el gerente del Banco de la República en un sesudo documento de obligada lectura, en vez de proseguir la procesión incesante de remiendos coyunturales al son de los desvaríos en el manejo del flujo de caja de la Nación.

Dejando que los departamentos y el Distrito Capital participen de manera directa en el manejo y usufructo de los tributos sobre la renta y el patrimonio, se fortalece el tejido institucional en las regiones y se incentiva una mayor responsabilidad fiscal. Así, no solo se promueve una auténtica autonomía territorial, sino que se dota a los entes subnacionales de herramientas más eficaces para fomentar su desarrollo económico, gestionar sus propios recursos y responder a las necesidades particulares de sus comunidades. Este cambio, lejos de ser una amenaza, puede convertirse en una palanca para la transformación productiva y la competitividad regional, siempre que vaya acompañado de mecanismos de control claros y una redistribución solidaria que garantice los equilibrios entre territorios con diferentes capacidades profesionales, financieras e institucionales.

Por más difícil que parezca, no hay que cejar en el empeño descentralizador, un viejo anhelo nacional. El país lo espera.

*Ex codirector del Banco de la República, ex ministro de Agricultura, y ex director de Ecopetrol