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Un principio básico del buen Gobierno Corporativo de toda clase de empresas y organismos públicos y privados consiste en la independencia de los miembros de sus consejos directivos frente a quienes los nominan. A partir de su posesión como tales, su obligación ética y legal es velar por el cumplimiento de la misión constitucional o estatutaria, según el caso, de la entidad que dirigen. En vez de estar sometidos al servicio exclusivo de los intereses particulares de la parte que los designa.
Dicho fundamento ha sido cabalmente observado desde su refundación a partir de la Constitución de 1991 por la autoridad monetaria en cabeza del Banco de la República. Cuyos directores conforman una Corporación colegiada tras el objetivo superlativo de la preservación del poder adquisitivo de la moneda. Esto es, una inflación baja y estable y, en lo posible, predecible, como condición sine qua non de la sostenibilidad del crecimiento económico y el empleo, y, por tanto, del bienestar colectivo.
La colegiatura comporta pluralismo y diversidad de opiniones. Y plena autonomía para votar en conciencia sobre cualquier decisión, siempre y cuando se circunscriba al cumplimiento de su mandato misional: el control de la inflación. Y acoger, sin luego cuestionarla en público, la voluntad mayoritaria de los directores. Es el deber ser.
La determinación de elevar en 100 puntos básicos la tasa de interés de referencia del Banco no pudo ser más acertada. Es apenas el comienzo de un ciclo de contracción monetaria que debe proseguir como respuesta al borbotón inflacionario. El comunicado de la Junta y las minutas de su última reunión abundan en argumentos que soportan la medida y los reajustes adicionales por venir.
Cabe subrayar la persistencia del ritmo de aumento del nivel de los precios de bienes y servicios de la canasta familiar durante los últimos seis años, hoy aún muy por encima de la meta fijada por la institución; la senda pronunciadamente alcista de la inflación básica, que excluye del cálculo de la total la de los alimentos y la energía a fin de aislar eventuales choques de oferta, reflejando un ostensible exceso de demanda originado en un consumo superior a la capacidad instalada del aparato productivo; la insoportable presión sobre los precios del déficit fiscal, el más alto desde la guerra de los mil días, resultado de la carga de un gasto que desborda con creces los ingresos, derivado a su vez de la gigantesca expansión burocrática del tamaño del Estado; y, lo que es la variable más relevante para la fijación de una postura responsable de la política monetaria, el disparo sin precedentes de las expectativas de inflación.
El statu quo es insostenible. Significaría seguir aupando la evolución de la economía a punta de dopajes mediante otras artimañas populistas como el incremento insensato del salario mínimo, que apenas cubre una décima parte del mercado laboral, y de la contratación masiva a última hora de gestores electorales en ministerios inútiles.
Tamaño despropósito el del desorientado ministro de Hacienda al señalar como culpables del descalabro a cuatro de los siete integrantes de la Junta del Banco quienes, en vez de seguir las despóticas órdenes de la casa de Nariño, guardan, como debe ser, su lealtad al espíritu de la Carta Magna.
Yerra en grado sumo el funcionario al tratar de torcer el principio de la colegiatura en materia de Gobierno Corporativo al afirmar que la decisión fue la de unos cuantos miembros, y no de la Corporación. Contrariando la norma hasta hora bien seguida sobre el respeto a la naturaleza colegial del cuerpo directivo del Banco.
*Excodirector del Banco de la República y Ecopetrol y exministro de Agricultura
