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Una transición fatal es la que le esperaría a Colombia si se impusiere el modelo que hace casi cuatro años viene tratando de implantar el señor Petro. Y si llegare a la jefatura del Estado el señor Cepeda, cuyo programa de gobierno se ha resumido en una sola frase: profundizar las reformas —o los tres anhelos delirantes— de aquel.
La fase inicial del proceso que padecemos es el populismo, donde el primordial anhelo, por fortuna hasta ahora frustrado, es borrar la separación de poderes, la esencia de la democracia, su supremo estorbo, sembrada por Montesquieu en su obra “El espíritu de las leyes” (1748). De la cual se desprenden los fundamentos de los frenos y balances del poder Ejecutivo a la par con la autonomía del Legislativo y del Judicial, como salvaguardas de los derechos individuales frente a las autocracias.
La derivación de semejante anhelo es la facultad sin límites de dictar leyes, normas, regulaciones y controles desde el palacio presidencial a su antojo; que todos los ciudadanos obedezcan sometidos al silencio. Y sus insoportables cargas burocráticas.
De ahí un segundo anhelo, que es el aniquilamiento de la libertad de prensa, de expresión, de opinión ilustrada, que por estos días se ha convertido más que nunca, a falta del escrutinio de los partidos, en soporte invaluable y sagrado de la ciudadanía.
Como bien lo señala Yuval Harari (Nexus, Debate 2014), el vocablo “populismo” proviene del latín “populus”, el pueblo, como la única fuente legítima de poder político, de suerte que “un único partido o un único líder han de monopolizar todo el poder (…) El populismo consigue que la búsqueda totalitaria del poder ilimitado derive de un principio aparentemente impecable (…) Que otro partido que no sea el de los populistas gane las elecciones no significa que este se haya ganado la confianza del pueblo (…) los populistas pueden creer que los enemigos del pueblo han engañado a la gente para que vote contra su verdadera voluntad, que solo los populistas representan”.
¿Cómo podría ser posible? Pues, como lo advierte el jurista Mauricio Gaona, a través de una dictadura constitucional emanada de una improvisada asamblea constituyente. O más bien “destituyente”, como apropiadamente cabría calificarla.
Regresar al “Roma soy yo” (Julio César); al “Estado soy yo” (Luis XIV); al “un Pueblo, un País, un Líder” (el “Führer”); al “pueblo soy yo” (los déspotas de esta esquina tropical del planeta): es el tercer anhelo de a quien no le basta con ser un primer mandatario sujeto a las normas contenidas en una gran carta magna como la nuestra de 1991.
Sostener que el pueblo no es solo la única fuente del poder político, sino asimismo el origen natural de toda autoridad, habilitaría al Gobierno —a este que tanto ha ultrajado a la Junta del Banco de la República— para convocar cabildos abiertos de cualquier índole a fin de diseñar a su medida la política monetaria. Sólo faltaría hacer lo propio para deliberar y decidir sobre asuntos inherentes a la justicia y a las atribuciones del Congreso y las Cortes, incluyendo la Registraduría Nacional del Estado Civil. El caos.
El paso a seguir del actual régimen, según la consigna de su candidato oficial, sería la profundización de estos tres anhelos. Ni más ni menos la entronización del totalitarismo y la estatización del aparato productivo de la Nación y, por tanto, el hostigamiento contra la iniciativa privada y el emprendimiento, y los derechos de propiedad de la población. En suma, la sepultura de la democracia y las libertades.
Por cuya defensa y preservación votaré el 31 de mayo. O sea, por Paloma.
*Exdirector del Banco de la República y Ecopetrol y exministro de Agricultura.
