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La antesala del inaplazable ajuste fiscal, a fin de hacerle frente al gigantesco agujero negro en las finanzas públicas que heredamos del señor Petro y sus aliados, yace en la tan anhelada -pero jamás alcanzada- descentralización genuina como principio de la estrategia económica de los siguientes cuatro años. En buena hora oficialmente anunciada por el ministro designado de Hacienda, Miguel Gómez Martínez.
Un paso firme, coherente e inequívocamente revelador del Gobierno entrante ha sido su decisión de no adelantar el empalme con el menguante actual jefe del Estado y su círculo de servidores, cómplices de sus oscuros propósitos, quienes continúan en su empeño de sembrar la anarquía mediante el desconocimiento de la contundente decisión mayoritaria del pueblo en las urnas, pasándose por la faja la Constitución y las leyes, según ha sido su recurrente hábito durante el último cuatrienio. Como si el fallo definitorio de la soberana decisión de la democracia reposara en su abyección tiránica y no en las autoridades legítimas e independientes del proceso electoral.
En vez de dicho camino errático, la nueva administración, encabezada por el presidente De la Espriella y el vicepresidente Restrepo, ha optado, como afortunada señal premonitoria de su talante regionalista, por recibir el balance nítido de la gestión del poder hiperpresidencialista encerrado en Bogotá, directamente y sin intermediaciones palaciegas, de parte de los propios gobernantes de los territorios, cuya autoridad ha sido irrespetada y desdeñada por el centralismo imperante.
La cesión de funciones y de los recursos presupuestales correspondientes por parte del poder central a las provincias es requisito fundamental a fin de evolucionar hacia el adelgazamiento verdadero de su pesado, y en extremo ineficiente, aparato burocrático. La cual obviamente tiene que estar acompañada por la denominada ley de competencias, cuya aprobación en el Congreso no ha sido posible protocolizar debido a la vacilante voluntad del Ejecutivo, que además ha desoído el clamor de la periferia materializado en el sesudo aporte de la Federación de Gobernadores en tan superlativa materia. Una prueba más del desprecio de los sátrapas de turno por la voz de los pobladores de la vasta geografía nacional marginada y discriminada.
Como ha sido usanza en nuestro medio cada vez que se emplea el vocablo descentralización, el argumento en contra esgrimido por las cúpulas del centro suele reducirse a descalificar con ofensiva arrogancia el talento humano de los territorios menos avanzados. La respuesta debería volcarse hacia la transformación del Departamento Nacional de Planeación en una unidad altamente especializada en el acompañamiento rigurosamente técnico a sus respectivos mandatarios municipales y departamentales, de cara a su empoderamiento ante sus nuevas responsabilidades.
Basta de más excusas superfluas de corte cachaco orientadas a obstaculizar el desarrollo equitativo, productivo y competitivo de los rincones más remotos de la patria. Llegó la hora de brindarles a las comunidades más apartadas una real justicia redistributiva como eje de la convivencia entre los colombianos, sin exclusión alguna.
*Exdirector del Banco de la República y Ecopetrol, y exministro de Agricultura.
