La destituyente

La obsesión de todos los tiranos es destruir para poder gobernar, o imponer, que es su condición existencial. Todo aquello que se oponga a su pretensión congénita de dictar su personal voluntad hay que quitarlo de en medio, por el mero hecho dizque de bloquear las ocurrencias y caprichos del monarca.

Para la muestra, unos cuantos botones: “Roma soy yo” (Julio César); “el Estado soy yo” (Luis XIV); “el pueblo soy yo” (los sátrapas contemporáneos del trópico americano como Petro, una peculiar caricatura de los Castro, Chávez, Maduro y Noriega).

Su postrer sueño intergaláctico consiste en promover ahora la iniciativa ciudadana por firmas de una exótica asamblea popular constituyente, no convocada por el Congreso como ha sido la usanza, para reinventar el país en un plazo de 90 días, sin previa agenda, ni linderos temáticos, ni parámetros delimitados; sin reglas claras sobre su membresía; partiendo de la supresión de la separación de poderes; el sometimiento de los frenos y contrapesos del Ejecutivo a su propia égida, comenzando por las altas cortes y el parlamento; siguiendo con el cercenamiento de la independencia del banco central que tanto le molesta por, según él, frenar el crecimiento económico y la eliminación de la pobreza; el acoso y persecución contra todo vestigio de emprendimiento o iniciativa privada en aras de la estatización a ultranza del aparato productivo y de los servicios de toda índole. En fin, de un genuino tropel “destituyente” destinado a hacer añicos la democracia liberal y las libertades.

Si el traje no lo siento cómodo, en vez de ajustarlo, cambio de sastre. Es la consigna de estas oscuras horas de un totalitarismo que pretende entronizarse como el modelo.

Según lo señaló recientemente el ilustre jurista Manuel José Cepeda durante una excelente e iluminante tertulia sobre políticas públicas, se trataría de la consagración de un sistema hiperpresidencialista liderado por lo que denomina un “corporativismo social” integrado por grupos étnicos y lo que vagamente se conoce como ‘campesinado’, sin fijar los criterios específicos y bien definidos sobre su real naturaleza, aparte de establecer simplemente, de manera extraña, el número de delegados en 125 – 83 por circunscripción nacional y 42 por circunscripciones especiales o sociales-.

Figuras tan inusuales y perjudiciales para las poblaciones rurales más pobres como “la prohibición de retroceso”, supuestamente para borrar la posibilidad de suprimir o simplemente modificar las que se consideran conquistas sociales, como por ejemplo la Ley 70 de 1993 que introduce la inalienabilidad de los derechos de propiedad colectiva sobre territorios especiales de las negritudes en el pacífico colombiano, lo cual ha significado la exclusión total de esas comunidades de los servicios financieros.

A manera de ejemplo, semejante cuerpo tan deforme e informe tendría la facultad de determinar a su antojo los períodos presidenciales y el número de reelecciones posibles, o indefinidas; así como la concesión del perdón sin condiciones a los narcotraficantes y a toda clase de delincuentes por parte del jefe del Estado.

Se olvida que la sabia Constitución de 1991 se erigió para unir a la Nación en torno de la democracia y sus instituciones. En vez de sembrar las divisiones y confrontaciones que se desprenderían de esta iniciativa, la cual, como bien advierte el muy autorizado doctor Cepeda, no se sabe dónde comenzaría ni dónde terminaría. También se olvida que en virtud de nuestro actual ordenamiento jurídico se han adelantado con éxito por parte del Congreso más de medio centenar de reformas constitucionales, sin tener que desaparecerlo para darle origen a otro sin rumbo previsto. Una locura.

*Exdirector del Banco de la República y Ecopetrol y exministro de Agricultura.