La prensa libre bajo el asedio del gobernante

Como en toda suerte de regímenes despóticos, el jefe del Estado, por intermedio de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), integrada por funcionarios de su bolsillo, sueña en convertirse en el vigilante directo de los periódicos, la radio, la televisión y las redes digitales, bajo el control jerárquico de su ministro de turno de las TIC.

Contrario a la anterior Comisión Nacional de Televisión, cuyos miembros, además de reconocidas autoridades en la materia, eran autónomos e independientes del Gobierno.

Tras reiteradas amenazas contra la separación de poderes, viene el manifiesto anhelo oficial de asaltar la libertad de expresión e información, los dos pilares de la democracia liberal genuina.

Lo que estamos presenciando no es otra cosa que el rumbo hacia una dictadura por vía del debilitamiento de los frenos y contrapesos del poder público, la persecución contra los personeros de la oposición, y la imposición de la voluntad del gobernante amparado en la amnistía para los criminales y el desprecio hacia las víctimas. Y la intención, por fortuna hasta ahora fallida, de acallar las voces y las plumas de los más prestigiosos e insobornables comunicadores de este país.

Estos episodios de ninguna manera son inéditos en nuestra historia. Algunos se hallan conectados en el tiempo. Basta recordar la clausura por parte del régimen de Gustavo Rojas Pinilla (1953–1957) de los diarios El Tiempo y El Espectador. En este último, aprendí más a respetar, admirar y amar el noble oficio del periodismo libre e independiente personificado en don Guillermo Cano, cuando entre 1996 y 1997 me cupo el honor de presidir su casa editorial.

Posteriormente a su derrocamiento, Rojas fue inspirador del movimiento político Anapo, de cuyas entrañas surgió el M 19, el mismo que asesinó a los supremos magistrados de la justicia por encargo del narcotráfico. El cual, a su vez, segó la vida a don Guillermo. He ahí un hilo conductor entre estas etapas infames de nuestra historia reciente.

A propósito de ello, uno de los más destacados y experimentados entre estos buscadores de la verdad y, por tanto, guardianes de la democracia, Ricardo Galán, en un reciente capítulo de su tribuna de opinión y noticias Libreta de Apuntes, se ocupó del tema de la censura de prensa en Colombia con singular precisión.

La exigencia a través de una carta de la Comisión Reguladora dirigida a los noticieros de que éstos presenten con antelación a sus publicaciones sucintos informes sobre el funcionamiento, la metodología y el contenido de sus salas de redacción; las formas de verificar la veracidad de las crónicas, incluyendo si fuere preciso la revelación de sus fuentes; la demostración de la imparcialidad de sus artículos; la neutralidad frente al Estado y sus funcionarios en los espacios de análisis y entrevistas, entre otros esperpentos, constituyen la más palpable intención de censurar la prensa y el más agresivo ataque contra el derecho a emitir opiniones y transmitirlas a la gente.

Tan torpe fue esa misiva, que el mismo Gobierno terminó reculando y ordenando su retiro. Pero la señal ya está dada.

Ante la gravedad de los riesgos que enfrenta el Estado de derecho y una de las más sagradas libertades de toda democracia, que es la de expresión, información y opinión, los ciudadanos debemos cerrar filas en torno de su defensa. No podemos proseguir la ruta de la Venezuela de hoy. Aún estamos a tiempo.

*Ex codirector del Banco de la República y ex ministro de Agricultura