Mientras caen en desgracia la democracia liberal y las libertades en buena parte del hemisferio occidental –empezando por la cuna que las vio nacer en América que es Estados Unidos–, la separación de poderes, los frenos y contrapesos de la ramas ejecutivas del poder público –entre estos especialmente el Legislativo–, el respeto por la independencia de los bancos centrales y de las altas cortes y la cabal observancia, rigurosa y ortodoxa, de la disciplina fiscal, florecen en no pocos países los sistemas de gobierno autocráticos, personalistas, populistas y despóticos.
“Lo que no le guste o no le convenga al emperador, pues no es bueno para el pueblo –o los parientes, en el caso de algunas empresas de familia–, porque el pueblo soy yo”.
Sin embargo, lo que acaba de acontecer con la decisión de la Corte Suprema de Justicia norteamericana, al invalidar la decisión unilateral e inconsulta mediante un decretazo u orden ejecutiva del presidente Trump de imponerles aranceles a su antojo a las naciones que no simpaticen con él, representa una luz de esperanza para la supervivencia de la democracia. Esta esperanza emana de la separación e independencia de los poderes, equivalente a las auditorías en el mundo empresarial.
Como lo afirmó con acierto un destacado constitucionalista de origen latino en el país del norte, la Corte le quitó la vestimenta imperial a la hegemonía del emperador. A su vez, su desdén por las libertades y la democracia de Venezuela a cambio de su control sobre su petróleo, habiendo dejado intacto y apoyado además el aparato represivo y dictatorial del régimen vigente allí desde hace más de un cuarto de siglo, pone al descubierto el anhelo autocrático y cleptocrático del mandatario.
Aquí en nuestro país también se cuecen habas. Igual talante inspira al jefe del Estado, quien, con modales aún más bruscos y toscos, insulta a los congresistas que se han resistido a aprobar sus caprichosas e intergalácticas iniciativas de ley, que, a renglón seguido, por la puerta de atrás de los decretazos, termina imponiéndolas a su amaño.
Culpa a la Junta Directiva del Banco de la República de todos los males de la economía, evadiendo su propia responsabilidad por el manejo improvidente de las finanzas públicas y la desaforada carrera del endeudamiento estatal, destinado a financiar la campaña electoral oficialista tras haber violado los límites establecidos en la suspendida Regla Fiscal; destruye el sistema de salud que venía funcionando bien por el simple hecho de la participación del sector privado en su administración; ataca a la idónea Registraduría Nacional del Estado Civil y a su director debido a que no ha podido someterla a su voluntad; desata su hostilidad contra la educación superior que no sea estatal, y arremete contra los empresarios pequeños, medianos y grandes que sobresalgan en los campos propios de sus actividades legítimas y productivas.
Por fortuna, al igual que en nuestro vecino norteamericano, en Colombia aún prevalece una sólida institucionalidad que, a pesar de unas cuantas falencias, funciona de acuerdo con el espíritu de la Constitución y las leyes que le dieron origen. Cabe resaltar el papel de la Corte Constitucional, fiel guardiana de nuestro ordenamiento jurídico, y la independencia de nuestra autoridad monetaria, fiel guardiana del circulante.
A la democracia hay que regresarla a la cima, y a la autocracia regresarla a la sima.
*Carlos Gustavo Cano es ex codirector del Banco de la República y Ecopetrol y ex ministro de Agricultura.
Por Carlos Gustavo Cano Sanz
