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Un nuevo puntapié le ha lanzado el jefe del Estado al guardián de la moneda, nuestro banco central. Eso de que la economía está de capa caída por cuenta de la autoridad monetaria equivale a buscar la enfermedad en las sábanas, o el ahogado río arriba.
No se puede seguir tapando el brillo de la verdad con más cortinas de humo. Los reales obstáculos del desenvolvimiento del aparato productivo, el empleo formal y, por tanto, el bienestar general, yacen principalmente en el irresponsable manejo de las finanzas públicas y en la rampante inseguridad personal, jurídica y social que nos asedia.
El monumental descuadre entre los ingresos y los egresos del Gobierno nacional, que va camino del ocho por ciento del PIB, el más abultado de la historia, resultante del gigantesco tamaño de la burocracia oficial y de la impune violación de la regla fiscal en los dos años anteriores y el actual, aunado al anuncio de otra reforma tributaria, en combinación con la laboral, tienen postrada la formación bruta de capital. Es decir, la inversión. Y, por ende, el crecimiento de la producción y de la ocupación.
Adicionalmente, el acoso incesante y obsesivo en contra de la iniciativa privada y las actividades lícitas de los creadores de riqueza en el marco de la legalidad plena, y de puestos de trabajo formales y bien remunerados, así como en contra del sector de los hidrocarburos, de los que Colombia, así como el resto de la humanidad, seguirá dependiendo a fin de garantizar su soberanía energética y alimentaria, y en consecuencia su supervivencia, al menos durante el siguiente siglo, viene ahogando todo asomo de prosperidad para la presente y las siguientes generaciones.
De otra parte, la delincuencia y el terrorismo, que avanzan a sus anchas por doquier, ahora bajo el amparo de una pretendida reforma de la justicia orientada a indultar a los maleantes, aparejadas con la amenaza de quienes actualmente posan de dirigentes nuestros de cercenar la separación de las ramas del poder público, la médula de todos los sistemas democráticos del mundo, y la consecuente zozobra en que se hallan atrapados los ciudadanos de bien, configuran la tormenta perfecta que ha originado la honda crisis de confianza en que se encuentran sumidos consumidores, industriales, comerciantes, inversionistas y la gente común y corriente de este país por igual.
El deber ser del próximo gobierno tiene que comenzar, como mínimo, por restaurar, rodear y salvaguardar los principios tutelares de la democracia liberal y las libertades, la vida y la seguridad de todos los colombianos, su salud, su educación, la protección de la niñez, los derechos de la propiedad bien habida. En fin, la recién nacida, pero aún no integralmente reglamentada, Constitución de 1991, nuestro supremo pacto social.
Y en cuanto al Banco de la República se refiere, respetar por encima de toda consideración su bien ganada independencia frente al Ejecutivo, la conquista sustancial de índole económica de nuestra carta magna, y eje de su misión de velar por la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. Que es, ni más ni menos, la condición sine qua non de la sostenibilidad del desarrollo material de la Nación.
Sin duda, mientras persista el repunte de las expectativas de inflación, a la luz de los criterios de contra-ciclicidad, anticipación y comunicación en la política monetaria, la cautela máxima deberá continuar siendo la senda apropiada de la Junta del Banco.
*Ex codirector del Banco de la República y ex ministro de Agricultura.
