¿Réquiem por el gobierno corporativo de las instituciones estatales?

Un principio ético y primigenio de todo buen gobierno corporativo en las empresas de cualquier índole -estatales, mixtas y privadas, de familia y sin ánimo de lucro- yace en la rigurosa práctica y el reconocimiento de que los miembros de sus consejos o juntas directivas, una vez posesionados en sus cargos, no deben responder a los intereses particulares de los grupos o individuos que los nominaron, sino única y exclusivamente a los de las entidades a las que en adelante servirán, dentro del marco de sus estatutos, protocolos y estrategias adoptadas por consenso, y de la misión y visión que las rigen. Es su obligación constitucional, legal o fiduciaria, según sea el caso.

En el de las empresas estatales y aquellas con participación mayoritaria del Estado, así como en todas las democracias genuinas, su punto de partida esencial tiene que ser la separación de poderes y la rigurosa independencia de los pesos y sobrepesos del Ejecutivo y los gerentes, así como de las auditorías internas y externas, evaluación de inversiones, revisorías fiscales, y los mecanismos de selección del talento humano. Tal línea de conducta se aplica por igual al universo de las organizaciones privadas de todas las naturalezas.

En particular, quienes integren sus respectivas juntas en virtud de las normas vigentes son responsables de forma individual del estricto cumplimiento de sus deberes fiduciarios que son de orden legal, so pena de ser objeto de sanciones pecuniarias, inclusive de tipo penal.

Recientemente, en buena hora el Centro de Estudios Sobre Gobierno Corporativo de la Universidad de los Andes y su grupo de mejores prácticas de gobierno de empresas estatales conformado por una veintena de colegas profesores, investigadores y empresarios, del cual me honra hacer parte, presentó su primer libro blanco de varios que vienen sobre tan crucial tema en los tiempos que corren.

Durante el lanzamiento de la publicación participamos varios panelistas. De mi lado, me concentré en el ejemplo emblemático de clase mundial del Banco de la República, y en las buenas y malas experiencias del grupo Ecopetrol, a cuyas juntas directivas tuve el privilegio de pertenecer. Durante 12 años en el Banco y seis en la petrolera.

En Ecopetrol, tras más de dos décadas de la juiciosa y persistente edificación de un gobierno corporativo probadamente sólido, respetado sin excepción por los jefes de Estado durante ese lapso, semejante logro fue súbitamente destruido tras el rompimiento de su gobernanza y la violación impune de sus estatutos a través de irregulares y sucesivas asambleas extraordinarias orientadas a borrar de un tajo el papel de su junta a fin de acomodar su composición y decisiones a la personal medida del actual primer mandatario. Es decir, si el traje no me sirve, pues cambio de sastre. El objetivo es la sepultura del activo más valioso de todos los colombianos y sustento fundamental de las finanzas públicas.

Idéntica intención le asiste a ese señor con la autoridad monetaria, por fortuna salvaguardada gracias a su independencia consagrada en la carta magna de 1991. Y con las altas cortes, baluarte esencial de nuestra civilidad.

La suerte de tales valores y principios inalienables de la democracia liberal, las libertades y el funcionamiento competitivo del aparato productivo nacional, se definirá en las elecciones que se avecinan. Hay que votar bien. Es la responsabilidad suprema de los ciudadanos.

*Exdirector del Banco de la República y Ecopetrol y exministro de Agricultura.