Sepulturero de instituciones

Cualquier cosa que incomode a la tiranía debe desaparecer. Es la regla de oro del régimen que padecemos. La democracia está en desuso y cercada. No sólo en Colombia, sino en una buena parte del mundo. El 70 % de la población del planeta se encuentra bajo el yugo de las autocracias. Así sucede tanto aquí como en el erguido imperio del norte.

En nuestro propio patio, el señor Petro, quien posa de salvador del mundo en medio de sus delirios intergalácticos y supuesto adalid del cambio, no cesa de pasarse por encima de las normas constitucionales, legales y de la decencia, sin sonrojarse, ni reflejar en su rostro asomo de vergüenza alguno. Si el traje no le sienta bien, simplemente cambia de sastre. O de costurera, según el caso, o la ocasión, o el lugar.

Es lo que acaba de ocurrir con la Regla Fiscal, un logro superlativo en el manejo responsable e idóneo de la estabilidad macroeconómica de la nación, inspirado en la constitución de la Alemania posterior a la era de las hiperinflaciones, y más recientemente en el caso de Noruega a partir del descubrimiento de los ricos yacimientos de petróleo y gas del mar del Norte.

La Regla Fiscal de Colombia fue minuciosamente diseñada por un equipo técnico del más alto nivel, integrado por investigadores del Ministerio de Hacienda, el Banco de la República y el Departamento Nacional de Planeación entre 2007 y 2009, luego reglamentada con fuerza de ley por el Congreso de la República en 2010 y posteriormente afianzada con la creación del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), infortunadamente aún carente de naturaleza vinculante. Pero es de esperar que la propia rama legislativa del poder público, junto con los organismos de control, vele por el cumplimiento riguroso de las normas atinentes a la administración correcta de las finanzas públicas.

El creciente agujero negro del déficit, que va camino del 8 % del producto interno bruto (PIB), aupado por la más abultada deuda externa del gobierno jamás antes vista, coloca en un insondable riesgo económico, político y social a las próximas generaciones por vía de la corrosión de la moneda, la mercancía sagrada por excelencia de toda sociedad.

El desacato del ordenado deber ser en materia de las cuentas del Estado no puede quedar en la impunidad. Van dos años consecutivos durante los cuales la referida Regla se viene violando flagrantemente por parte del Gobierno. Semejante irresponsabilidad debe tener consecuencias, inclusive penales, como por ejemplo

ocurre con los banqueros centrales en el ámbito de la política monetaria en democracias tan sólidas y transparentes como la de Nueva Zelanda.

Así las cosas, nuestra autoridad monetaria tiene las manos atadas, pero no por cuenta de sus directores, sino por la presión insoportable sobre la demanda proveniente del descuadre desbordado entre los ingresos y los gastos oficiales. Solo faltaba que la Regla Fiscal corriera la misma suerte del andamiaje de nuestro sólido sistema de salud, hoy igualmente en trance de sepultura, simplemente por estar funcionando bien, a pesar de sus inocultables pero corregibles falencias, sin tener que abandonarlo y arrojarlo al abismo. O de la de Ecopetrol, con su gobierno corporativo hecho añicos, en vía de extinción de no mediar un viraje radical que la rescate de las garras del grupo que en mala hora tomó su control.

Sin duda, vivimos uno de los más siniestros momentos de la historia para la salud de la economía nacional.

* Ex codirector del Banco de la República