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Un paso de cara a la restauración de la confianza en nuestro propio destino como Nación, lo dimos los colombianos en las elecciones que acaban de celebrarse.
De un lado, en la nueva composición tanto de la Cámara como del Senado, se halla plasmada en no pocos movimientos una renovación con el más sobresaliente talento humano joven, comprometido con el servicio público transparente y de talante genuinamente patriótico.
El liderazgo en esta materia lo ha exhibido con excelencia indisputada el Centro Democrático, el partido más coherente en el ejercicio de la oposición, bajo la conducción de su inspirador y fundador, el expresidente Álvaro Uribe.
Y del otro lado, la concreción exitosa de la anhelada unidad nacional materializada en la Gran Consulta por Colombia, de la cual salió triunfante Paloma Valencia, sin duda la opción óptima para ganar la jefatura del Estado y sepultar el totalitarismo autocrático en boga y la inseguridad en campos y ciudades, que ha regresado con particular fiereza y barbarie al amparo del actual gobierno.
Claro que los resultados, que ahora están a la vista, habrían podido ser muy superiores en favor de la oposición de no haber mediado los tozudos hechos y realidades que la opinión bien conoce, comenzando por vastos territorios controlados por violentos de todos los tonos y matices afectos al gobernante de turno, bajo cuyo control directo transcurrió allí este certamen electoral. Y, obviamente, la grotesca compra de votos, al estilo de lo sucedido en la Guajira y otros departamentos caribeños y de la Orinoquia.
A ello se suma la campaña sistemática del propio Petro por desacreditar y colocar en tela de juicio a la Registraduría del Estado Civil, señalando irresponsablemente la preparación deliberada de un fraude que, como los ya suficientemente documentados, lejos de emanar de allí, han sido cocinados por quienes actualmente detentan el poder mediante la ostensible y comprobada violación de los topes de financiación de su propia campaña presidencial. Y, además, lo que significa otra prueba incontrovertible del ilícito, mediante la flagrante ampliación de la burocracia inútil y las romerías de contratos de prestación de servicios sin el lleno de los requisitos ni justificación alguna, a cambio de favores políticos previos a los comicios. Una fuente fundamental del desbarajuste de las finanzas públicas y de la persistencia de la inflación. Al fin y al cabo, el ladrón juzga por su condición.
Una vez instalado el renovado Congreso y la nueva administración posesionada, el primer cometido de fondo, aparte de los atrás mencionados, tendrá que ser la reafirmación de la democracia liberal y las libertades, comenzando por la de prensa y expresión, y la de la iniciativa privada y el emprendimiento como motores del crecimiento y la generación de empleo formal. La separación de poderes, incluyendo por supuesto el respeto por la independencia del banco central y el rescate de la Regla Fiscal, impunemente violada por el Ejecutivo; y la autonomía de sus frenos y contrapesos, empezando por el mismo Congreso. La reconstitución del infamemente destruido sistema de salud. Y la reducción del paquidérmico tamaño del Estado a fin de ir tapando el agujero negro de la economía, proveniente de la abismal brecha entre el improvidente gasto estatal y los ingresos.
Si fuere así, y solo así, nos habremos ganado un nuevo amanecer para Colombia.
*Codirector del Banco de la República y Ecopetrol y exministro de Agricultura.
