Marisol salió del departamento de Caquetá, desplazada por un grupo armado que hasta el momento no han podido identificar. Sus familiares también debieron abandonar sus parcelas en la zona por las amenazas que a diario recibían.
No tenían opción, la única manera de cuidar la vida de sus hijos como la de ella, era acudir a Bogotá, una ciudad con millones de habitantes, donde su día a día dio un giro de 360 grados.
De tener el sustento diario para sus hijos, familiares y el propio, Marisol pasó a cuidar los pocos pesos que le llegaban; su tranquilidad terminaría ante la angustia de no tener el dinero suficiente para ofrecerle a los suyos las tres comidas básicas, y de no tener necesidad de acudir a ninguna entidad oficial a realizar trámites y diligencias en eternas filas, se vio obligada a madrugar todos los días para solicitar la ayuda humanitaria, que luego de cinco años, nunca llegó.
Sin embargo Marisol no perdió las esperanzas de que el Estado le prestara la ayuda que necesitaban ella y su familia y vio una luz, cuando desde el municipio de Necoclí el presidente Juan Manuel Santos daba inicio a la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Además de esto, también se alegró cuando el alcalde de Bogotá Gustavo Petro, anunció en su Plan de Desarrollo Bogotá Humana, la construcción de 70 mil viviendas de interés prioritario para quienes fueron desplazados de sus tierras y se encontraran residiendo en Bogotá en condiciones de pobreza extrema.
Por eso Marisol acudió junto con otras víctimas a organizarse a través de una Organización Popular de Vivienda (OPV) en la localidad de Suba. Con esta acción llegaron las esperanza para ella y su familia, pero también regresó la intranquilidad por las constantes amenazas que ha recibido en los últimos meses a través de llamadas telefónicas y panfletos, donde le ordenan abandonar su gestión porque de lo contrario su vida corre peligro.
El regreso de la angustia y las preocupaciones no se hicieron esperar, no solo para ellos. Compañeros de su OPV también les sucedió lo mismo, y para colmo de males se han encontrado con la negligencia de una Unidad Nacional de Protección (UNP) que poco interés les ha prestado.
En Bogotá hay muchos como casos este, en donde ni siquiera lejos de su lugar de origen, se deja tranquila a la víctima que ha sido despojada de sus tierras. Esto pone a pensar en si ha llegado el momento en que las autoridades tanto nacionales como distritales, reconozcan la presencia actores armados en la ciudad capital, que claramente no operan de la misma manera como lo hacen en Caquetá o en la región del Urabá, pero que si tienen a miembros de sus organizaciones ilegales haciéndoles constantes seguimientos a quienes han desplazados de sus tierras , no sé si con el ánimo de llevarlas a un manicomio.
Como Marisol hay víctimas que no desean volver a su lugar de origen, y por eso trabajan con las uñas para que se les repare otorgándoles una vivienda digna dentro de la ciudad, como bien lo ha propuesto el alcalde Petro. No es justo que ni siquiera eso se les quiera dejar hacer, y lo peor de todo es que la UNP, tampoco preste la atención y el interés que estos requieren y únicamente reacciones cuando algo lamentable ocurre. Es decir, cuando no hay nada que hacer.
Por esto hago un llamado tanto al Presidente de la República como al alcalde mayor de Bogotá, para que se aborde el problema de raíz y se le dé la protección a una víctima del conflicto cuando llega a la ciudad, dejando claras las competencias entre gobierno distrital y nacional en este asunto, porque es claro que ni siquiera aquí, pueden vivir tranquilas.
Marisol salió del departamento de Caquetá, desplazada por un grupo armado que hasta el momento no han podido identificar. Sus familiares también debieron abandonar sus parcelas en la zona por las amenazas que a diario recibían.
No tenían opción, la única manera de cuidar la vida de sus hijos como la de ella, era acudir a Bogotá, una ciudad con millones de habitantes, donde su día a día dio un giro de 360 grados.
De tener el sustento diario para sus hijos, familiares y el propio, Marisol pasó a cuidar los pocos pesos que le llegaban; su tranquilidad terminaría ante la angustia de no tener el dinero suficiente para ofrecerle a los suyos las tres comidas básicas, y de no tener necesidad de acudir a ninguna entidad oficial a realizar trámites y diligencias en eternas filas, se vio obligada a madrugar todos los días para solicitar la ayuda humanitaria, que luego de cinco años, nunca llegó.
Sin embargo Marisol no perdió las esperanzas de que el Estado le prestara la ayuda que necesitaban ella y su familia y vio una luz, cuando desde el municipio de Necoclí el presidente Juan Manuel Santos daba inicio a la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Además de esto, también se alegró cuando el alcalde de Bogotá Gustavo Petro, anunció en su Plan de Desarrollo Bogotá Humana, la construcción de 70 mil viviendas de interés prioritario para quienes fueron desplazados de sus tierras y se encontraran residiendo en Bogotá en condiciones de pobreza extrema.
Por eso Marisol acudió junto con otras víctimas a organizarse a través de una Organización Popular de Vivienda (OPV) en la localidad de Suba. Con esta acción llegaron las esperanza para ella y su familia, pero también regresó la intranquilidad por las constantes amenazas que ha recibido en los últimos meses a través de llamadas telefónicas y panfletos, donde le ordenan abandonar su gestión porque de lo contrario su vida corre peligro.
El regreso de la angustia y las preocupaciones no se hicieron esperar, no solo para ellos. Compañeros de su OPV también les sucedió lo mismo, y para colmo de males se han encontrado con la negligencia de una Unidad Nacional de Protección (UNP) que poco interés les ha prestado.
En Bogotá hay muchos como casos este, en donde ni siquiera lejos de su lugar de origen, se deja tranquila a la víctima que ha sido despojada de sus tierras. Esto pone a pensar en si ha llegado el momento en que las autoridades tanto nacionales como distritales, reconozcan la presencia actores armados en la ciudad capital, que claramente no operan de la misma manera como lo hacen en Caquetá o en la región del Urabá, pero que si tienen a miembros de sus organizaciones ilegales haciéndoles constantes seguimientos a quienes han desplazados de sus tierras , no sé si con el ánimo de llevarlas a un manicomio.
Como Marisol hay víctimas que no desean volver a su lugar de origen, y por eso trabajan con las uñas para que se les repare otorgándoles una vivienda digna dentro de la ciudad, como bien lo ha propuesto el alcalde Petro. No es justo que ni siquiera eso se les quiera dejar hacer, y lo peor de todo es que la UNP, tampoco preste la atención y el interés que estos requieren y únicamente reacciones cuando algo lamentable ocurre. Es decir, cuando no hay nada que hacer.
Por esto hago un llamado tanto al Presidente de la República como al alcalde mayor de Bogotá, para que se aborde el problema de raíz y se le dé la protección a una víctima del conflicto cuando llega a la ciudad, dejando claras las competencias entre gobierno distrital y nacional en este asunto, porque es claro que ni siquiera aquí, pueden vivir tranquilas.