El panorama de la participación femenina en las próximas elecciones de octubre es desolador. Tomando como referencia las grandes ciudades, en Bogotá y Barranquilla no hay candidatas mujeres a las alcaldías, mientras que en Medellín y Cali, aunque sí hubo pre-candidatas, ya no están en la baraja. Tampoco hay muchas candidatas fuertes para las gobernaciones (Dilian Francisca Toro en el Valle es la excepción que confirma la regla). Son muchas las posibles razones para esto, la violencia que deben aguantar es una.
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Aunque siempre hay datos que muestran más mujeres entrando en estos procesos, sigue siendo insuficiente, es un problema crónico que requiere prestar más atención a las barreras que dificultan su participación. Hablemos de una: la violencia digital.
Quien pone su nombre para un cargo de elección pública sabe que debe engrosar el cuero. Sin importar si se es hombre o mujer, esa persona tiene que aguantar las descalificaciones y frustración de otras. El tema es que las mujeres además saben que tendrán que vérselas con los insultos y los estigmas de quienes las descalifican por ser mujeres.
Esto sucede en el mundo físico y ahora también en el digital como lo confirmó Fundación Karisma, donde trabajo, en su informe “ACOSO, SOLEDAD Y DESPRESTIGIO: Un estudio sobre las formas, las rutas de atención y el impacto de las violencias digitales contra las candidatas al Congreso colombiano en 2022″, en el que participó Disorlab de la Universidad del Rosario y que contó con el apoyo de ONU Mujeres.
La investigación se enfocó en lo sucedido en el entorno digital con las candidatas durante la campaña al Congreso de 2021. Se concluye que la violencia política en los entornos digitales no solo es cada vez más frecuente, además afecta a las mujeres de manera diferencial y desproporcionada impactando en su derecho a participar y a acceder o a permanecer en el escenario público. Para 2021 la presencia y el uso de las redes sociales es cada vez más importante en una campaña política y allí también las candidatas se exponen y experimentan violencias que se basan e insisten en reforzar estereotipos para negar sus capacidades y conocimientos con base en su género, su intelecto, apariencia física, origen étnico y orientación sexual. Entender y abordar los impactos de la Violencia Digital contra Mujeres en Política (VDCMP) puede ayudar a nivelar la cancha.
El informe completo y la cartilla que le sirve de resumen explican que si bien la violencia digital política no necesariamente está basada en género, sí hay varios tipos de violencia digital que buscan dañar a las mujeres solo por el hecho de serlo y entonces es cuando se habla de VDCMP, es decir, la violencia que se manifiesta en el discurso y en la interacción simbólica propia de las redes sociales.
Un primer aporte del informe es la categorización y definición de las formas de violencia digital que las mujeres enfrentan de manera diferencial y desproporcionada. El informe clasifica 10 modalidades: desprestigio con base en sus capacidades o intelecto, amenazas en línea, extorsión, suplantación de identidad, manipulación de información, ciberacoso, expresiones discriminatorias, apariencia física y sexualización, insultos por origen étnico y de clase y los ataques o menosprecio por la orientación sexual.
En el documento completo hay diversos relatos sobre la forma como ellas experimentan esas violencias. Hay relatos en primera persona recogidos en grupos focales y a través del seguimiento a datos obtenidos por Disorlab de las interacciones en Twitter. Escuchar sus voces permite entender la forma cómo esta violencia las impacta.
Las mujeres son conscientes de que usar redes sociales y WhatsApp es vital en la campaña política, por eso las usan a pesar de que signifique exponerse a violencia que les “anula la vida”. Cuando las agresiones se vuelven abrumadoras, descansan 2 ó 3 días y vuelven al ruedo digital. Aún así, ninguna mencionó haber recibido capacitaciones de partidos y movimientos políticos sobre cómo abordar esa violencia. Permanecer en la política supone entonces “forjar el carácter”. Mientras en el informe anterior de Karisma con mujeres periodistas se encontró que es frecuente que opten por abandonar las redes sociales, eso no pasa con las mujeres candidatas, ellas no pueden, las necesitan.
Aunque en la investigación se establece que experimentar la violencia es algo muy generalizado, también se identifica que es una experiencia solitaria, la viven las mujeres candidatas y sus equipos de comunicaciones. A pesar de que hay rutas de atención dispuestas por las autoridades, en la práctica no se usan y las éstas últimas no tienen evaluaciones sobre su funcionamiento que permita reflexionar y hacer ajustes.
Muy pocos partidos políticos o movimientos cuentan con mecanismos de atención y apoyo, tampoco llevan registro de los casos. Para muchas mujeres la percepción es que son incluídas como relleno para cumplir con las cuotas. Hace falta más compromiso de los partidos para llegar a una verdadera paridad. Por su parte la máxima autoridad electoral, el Consejo Nacional Electoral -CNE-, diseñó un protocolo para articular a los actores que deberían dar respuesta a esta situación, sin embargo, le falta especificidades como definiciones y obligaciones concretas, con lo cual es el esfuerzo más esperanzador pero aún en construcción.
El informe es útil para que las candidatas entiendan lo que les sucede y las rutas que existen para denunciar, para reclamar mejor atención y para que como sociedad pensemos en cómo mejorar la respuesta si queremos facilitar y garantizar la participación de las mujeres. Entre otros temas sigue pendiente desarrollar mecanismos de reparación efectivos.
Ñapa. Algo que puede pasar desapercibido en el informe es para mí un tema crucial sobre la capacidad que como sociedad civil y academia estamos perdiendo para investigar y seguir lo que sucede en las redes sociales. Karisma explica que este informe se hizo gracias a que Twitter en 2022 tenía un mecanismo que garantizaba acceso a sus datos para investigaciones académicas. Eso le permitió a Disorlab de la Universidad de Rosario acceder a los datos de la red social y analizar las interacciones de las candidatas en ella. Esto no era posible en ninguna otra red social para esa época. Es decir, para este estudio no se pudo indagar las interacciones en forma sistemática ni en YouTube, TikTok o Meta, solo en Twitter que al fin y al cabo era la red social de la política.
Lo malo es que si ya estábamos en una mala situación, un año después es peor. Ya ni siquiera hay acceso a los datos de Twitter. La reciente norma europea conocida como Digital Service Act (DSA) enfrenta esta opacidad exigiendo que las plataformas abran sus datos a investigadores a partir de enero de 2024. Hasta dónde este sistema se podrá usar fuera de la Unión Europea, es algo que está por verse.