Durante la ronda de negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP), esta semana en Singapur, EE.UU. anunció que antes de finalizar octubre el documento se firmará a pesar de la resistencia de la sociedad civil.
Para la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), el acuerdo busca “incrementar el comercio y la inversión entre los países socios, promoviendo la innovación, el crecimiento económico y el desarrollo, y apoyando la creación y retención de empleos”, pero eso no se sabe con certeza, porque las negociaciones son secretas (en el Congreso americano se debatió sin éxito el que se dé acceso a la herramienta en línea del texto oficial a grandes empresas y no a los congresistas, por ejemplo).
Del texto filtrado en 2011 y de los chismes de pasillo en las rondas de negociaciones, sabemos que es una propuesta agresiva y restrictiva en la que el capítulo de Propiedad Intelectual es sin duda central. Es evidente que en las negociaciones de comercio internacional el desarrollo económico basado en el libre intercambio de bienes está por encima de preocupaciones sobre medicamentos básicos o del acceso al conocimiento. Por eso debemos fortalecer las voces que exigen que no haya tratados de este tipo basados exclusivamente en acuerdos regulatorios de garrote, exigir que se analice cuidadosamente su impacto sobre derechos fundamentales reconocidos en los otros países es fundamental.
Si así se hiciera, las normas sobre propiedad intelectual de los tratados obligarían a los gobiernos a implementar un set de limitaciones y excepciones fuerte, e incluso algunas obligatorias para ciertos casos (como las de los ciegos en derecho de autor o medicamentos esenciales para patentes), se exigiría que las acciones remediales respondan a principios de proporcionalidad y debido proceso, y que el acceso al conocimiento y al avance científico sea una prioridad.
El TPP regulará la vida de millones, incluidos nosotros que, apuesto, estaremos presionados a entrar aun si nunca hicimos parte de la negociación, y sin embargo no se puede participar en su construcción porque las decisiones las toman técnicos del poder ejecutivo de 11 países negociadores, de la mano de grandes empresas beneficiarias de la política de garrote.
Durante la ronda de negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP), esta semana en Singapur, EE.UU. anunció que antes de finalizar octubre el documento se firmará a pesar de la resistencia de la sociedad civil.
Para la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), el acuerdo busca “incrementar el comercio y la inversión entre los países socios, promoviendo la innovación, el crecimiento económico y el desarrollo, y apoyando la creación y retención de empleos”, pero eso no se sabe con certeza, porque las negociaciones son secretas (en el Congreso americano se debatió sin éxito el que se dé acceso a la herramienta en línea del texto oficial a grandes empresas y no a los congresistas, por ejemplo).
Del texto filtrado en 2011 y de los chismes de pasillo en las rondas de negociaciones, sabemos que es una propuesta agresiva y restrictiva en la que el capítulo de Propiedad Intelectual es sin duda central. Es evidente que en las negociaciones de comercio internacional el desarrollo económico basado en el libre intercambio de bienes está por encima de preocupaciones sobre medicamentos básicos o del acceso al conocimiento. Por eso debemos fortalecer las voces que exigen que no haya tratados de este tipo basados exclusivamente en acuerdos regulatorios de garrote, exigir que se analice cuidadosamente su impacto sobre derechos fundamentales reconocidos en los otros países es fundamental.
Si así se hiciera, las normas sobre propiedad intelectual de los tratados obligarían a los gobiernos a implementar un set de limitaciones y excepciones fuerte, e incluso algunas obligatorias para ciertos casos (como las de los ciegos en derecho de autor o medicamentos esenciales para patentes), se exigiría que las acciones remediales respondan a principios de proporcionalidad y debido proceso, y que el acceso al conocimiento y al avance científico sea una prioridad.
El TPP regulará la vida de millones, incluidos nosotros que, apuesto, estaremos presionados a entrar aun si nunca hicimos parte de la negociación, y sin embargo no se puede participar en su construcción porque las decisiones las toman técnicos del poder ejecutivo de 11 países negociadores, de la mano de grandes empresas beneficiarias de la política de garrote.