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14 May 2022 - 5:00 a. m.

Auditoría internacional para el software de elecciones

El Consejo Nacional Electoral (CNE) pidió una auditoría independiente internacional de los software de escrutinio de las elecciones presidenciales. El MinHacienda dió el presupuesto a la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) que la contratará. La capacidad de esta auditoría de mejorar sustancialmente la confianza en el proceso - afectada por el temor de fraude- es limitada, pero puede servir para dar conocimiento técnico al CNE.

Es difícil opinar sobre una auditoría de la que solo sabemos que ya hay dinero para pagarla. La aprobación presupuestal de último minuto en lo procedimental confirma que el gobierno da el dinero, la RNEC -que administra el presupuesto- lo ejecuta, y el CNE –a pesar de que tiene funciones de control y vigilancia– tiene un rol pasivo.

En lo sustancial, sin conocer el contrato, los requisitos o el proceso de contratación, la empresa contratada tendrá muy poco tiempo para hacer su trabajo y por tanto su alcance será muy limitado, muy lejos de lo ideal. Ahora bien, dadas las circunstancias, es una iniciativa necesaria.

Empecemos con un poco de contexto histórico. En la Constitución de 1991 y después de la desmovilización de varios grupos armados al margen de la ley que reclamaban representatividad política, nació el Consejo Nacional Electoral (CNE) con funciones de control y vigilancia y además le encargan el escrutinio. Sin embargo, el presupuesto quedó a cargo de la RNEC, por lo que en la práctica ésta última se quedó con toda la operación del proceso.

En 2003, una reforma al CNE hizo que sus 9 miembros fueran elegidos por el Congreso a partir de las postulaciones de los partidos políticos. Entonces, sin autonomía presupuestal, el control y vigilancia de la RNEC quedó en manos de los partidos mayoritarios que controlan el CNE.

Sobre el alcance de la tecnología en las elecciones, en Colombia, aunque el sistema electoral es manual en la emisión del voto y hay trazabilidad en papel de las actas, las papeletas y las urnas, el proceso de preconteo y el de escrutinio dependen fuertemente de la tecnología informática. El software que hace el procesamiento de los resultados oficiales y determina las personas que ganan las elecciones requiere de más transparencia, de instancias de auditoría -tanto de observación, como técnicas-, incluyendo una independiente previa a las elecciones.

La incorporación de la tecnología en el sistema electoral ha carecido de transparencia y respaldo legal, ha estado marcada por la privatización y ha crecido sin seguimiento y control.

Entender la privatización del proceso electoral sirve para dimensionar algunos desafíos de la transparencia de nuestro proceso. La ambigüedad del marco jurídico electoral le dió a la RNEC el espacio para incorporar la tecnología con gran amplitud y pocas explicaciones y, siguiendo la moda de los noventa de tercerizar servicios públicos, la RNEC entregó poco a poco la logística electoral a contratistas.

Sobre escrutinios, en 2003 se vieron las primeras menciones a un software en las elecciones regionales, para 2007 aparecieron los sistemas informáticos para preconteo y escrutinio y con ellos las empresas que los gestionan.

Así llegamos a 2022 en que la RNEC entrega prácticamente toda la operación del proceso electoral mediante contrataciones multimillonarias, incluyendo el software de preconteo y escrutinio. Ese modelo con el tiempo ha significado que ni la RNEC, ni el CNE desarrollaron capacidades técnicas propias.

Paralelamente los ejercicios de transparencia se centraron en publicar los contratos en el sistema de contratación del estado, permitir la participación de veedores en los simulacros -que suceden a unos días de las elecciones y en la que nos niegan muchas observaciones debido a la “propiedad intelectual” del contratista- y últimamente en la entrega de los datos que el software produce a las partes interesadas para hacer las auditorías de resultados. En relación con las auditorías técnicas al software, la RNEC contrata pero no hay informes públicos, ni criterios de selección, por ejemplo.

La transparencia para la ciudadanía supone tener auditorías técnicas independientes, es decir ejercicios que hacen expertos no vinculados ni con la organización electoral, ni con los partidos o las empresas contratistas; usando metodologías como revisar el código del software, analizar el sistema en ambientes de prueba, o realizar evaluaciones de seguridad digital; todo ello al menos seis meses antes de las elecciones para que el software pueda ajustarse.

Respecto del CNE, como ha sido evidente en las elecciones de este año, no tiene la capacidad para vigilar el sistema, no ha desarrollado control sobre esa tecnología. En contraste, las empresas contratistas reciben cada vez contratos más jugosos y monopolizan las elecciones en un negocio con importantes efectos en la democracia.

En este marco la nueva auditoría genera más preguntas que respuestas ¿Cómo van a garantizar la independencia respecto de los partidos, la RNEC y las empresas contratistas?, ¿es una auditoría para el CNE o para la ciudadanía o para ambos? En todo caso, como sucederá a pocos días de las elecciones, la auditoría no contará con el plazo suficiente para presentar hallazgos que puedan ser ajustados en el proceso mismo. Es decir, al final es sobre todo una estrategia para cuidar la imagen y no la transparencia de los resultados electorales.

A pesar de todo esto y con su alcance limitado, espero que la auditoría internacional tenga efectos positivos a corto y largo plazo. A corto plazo, dando al CNE algo de la capacidad técnica que no tiene y necesitará para saber cómo funciona el software para poder explicar –de ser necesario– los problemas que se puedan presentar este año. Respecto de la ciudadanía el elemento que puede dar luz a un proceso tan opaco, es que se publique pronto el informe.

Ahora bien, a largo plazo, debería servir para entender que el CNE (y la RNEC) tienen que desarrollar su propia capacidad técnica. El CNE no puede depender de una auditoría para hacer su labor de vigilancia y control. Si la auditoría es para ofrecer confianza a la ciudadanía debe diseñarse integralmente con ese propósito, esa deuda se mantiene.

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